La comisión antifeminicida rumbo al fracaso

Se dice que para que un asunto no sea resuelto hay que crear una comisión, especialmente parlamentaria, que quiere decir político-partidista. Parecería que es lo que puede pasar con la comisión interinstitucional, y manejada por el Gobierno, que debe revisar los casos que sobre feminicidios y violaciones se ventilan en la (corrupta) justicia boliviana.

De hecho, en las casi dos semanas (hasta este domingo 13) que esta comisión lleva creada no se ha sabido nada de ella, salvo los bombos y platillos con que fue anunciada a raíz de las protestas sociales y de organizaciones feministas tras el descubrimiento de un violador y asesino en serie, cuyo caso develó una vez más la podredumbre del sistema judicial.

La comisión, conformada por las cabezas de 18 —¡dieciocho!— entidades de los tres poderes del Estado, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, no ha presentado una agenda de trabajo, no se sabe cuáles son las responsabilidades de cada institución que la conforma y ni siquiera se conoce de alguien que haga de vocero/a de ella, para pedirle información y dé la cara.

En este tiempo, en cambio, y siempre mostrándose como resultado del trabajo del Ministerio de Gobierno que ha sido afectado directamente por las críticas sobre la corrupción en los penales, se han ido viendo con constancia casi diaria las recapturas de personas que han cometido delitos, que fueron juzgadas y sentenciadas y que, sin embargo, se encontraban libres gracias a favores de jueces y otros niveles corruptos del sistema judicial nacional.

Se han vuelto a capturar a algunos feminicidas, pero faltan muchos, como William Kushner, entre otros; pero también a narcotraficantes y a una mujer infanticida que fueron liberados con el mismo “modus operandi” de la mafia judicial que favoreció a los feminicidas. Por ello, el ministro Eduardo del Castillo ha dicho que la revisión de casos de feminicidio y violaciones se ampliará a los de narcotráfico.

Así, la comisión que ya adolecía de tener muchas cabezas con desconocidas responsabilidades pasa de ser específica a abarcar mucho más y, como se sabe, quien mucho abarca poco aprieta. Y, de paso, esa medida poco a poco se acerca más a lo que plantearon varias voces desde la oposición, como el abogado y exalcalde Juan del Granado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el empresario político Samuel Doria Medina, de que en lugar de crearse comisiones se revise, limpie y refunde toda la justicia boliviana. Una reforma judicial es urgente, pero ese es otro asunto y debe plantearse en otro espacio.

La idea de crear una comisión eficiente para revisar los casos de feminicidios y violaciones fue de la organización Mujeres Creando y el Gobierno la cogió al vuelo y la planteó a su manera. En esta comisión no están representadas las víctimas y tampoco colectivos que trabajan en violencia machista, por lo que tienen experiencia y profesionalismo en la materia. La comisión nació política más que técnica y más institucional que tocando la realidad de las víctimas.

Se ha comprobado que el sistema beneficia al feminicida que, como se ha denunciado, tendría una organización en los penales que le permitiría favorecerse de privilegios y de libertad. Además de una sociedad patriarcal que sanciona socialmente a la víctima mujer, con argumentos machistas y moral-conductuales, mientras defiende a los varones.

Por ello, era correcta la idea de una comisión excepcional e histórica (por su importancia y urgencia, ante la cifra estable de una mujer asesinada cada tres días y de miles de violaciones anuales) con características muy concretas, con atribuciones legales específicas y con personas que sepan de la materia y que no tengan compromisos políticos o con espacios de poder.

Se trata de una idea que aún se puede aplicar, si el Gobierno tomara esa decisión política y de compromiso con las mujeres. Tener muchas cabezas y desconocidas responsabilidades y ampliar la materia de atención es la vía al fracaso y eso ya no es aceptable.

La autora es periodista