Recapturan al “Killer”, ¿y los archivos del terror?

Felipe Froilán Molina Bustamante, que había sido ilegalmente liberado, al igual que otros asesinos sentenciados, fue recapturado y presentado por el Ministro de Gobierno el sábado 19 de febrero.

Pero el caso de Molina es especial. Fue condenado a 30 años de presidio por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. La sentencia se dictó en 2007, recién fue capturado el 2016 y en febrero de 2020 fue liberado, vía “detención domiciliaria”, como parte de ese negocio infame que hacen los consorcios judiciales mafiosos, coludidos con los asesinos.

Sin embargo, lo principal de la noticia registrada fue que Molina, más conocido como el “Killer”, tiene información y datos sobre el paradero de los restos de Marcelo Quiroga: “Sé quienes están agarrando…son tres personas…me he callado bastante tiempo, voy a hablar las verdades… no están enterrados los restos de Quiroga Santa Cruz”, fueron las respuestas cortas que dio el “Killer” el 19 de febrero a la prensa, cuando fue presentado después de su recaptura.

Seguramente se conocerán luego los detalles del fraude que consumó la liberación del “Killer”, pero acá lo que se pone de relieve es la mantenida desaparición de los restos del líder socialista, de quien dijo el ministro Del Castillo “se encuentra en el espíritu y el cuerpo de todos quienes nos consideramos revolucionarios”.

Las palabras del ministro de Gobierno, pronunciadas en la “presentación” de Molina, parecen poco consistentes ya que el gobierno de Arce ha hecho poco o nada para encontrar los restos de Quiroga Santa Cruz. Es que hace casi un año que la “Comisión de la Verdad”, presidida por Nila Heredia, entregó al Gobierno la “Memoria Histórica” de las investigaciones sobre las dictaduras entre 1964 y 1982 y en la cual se dedican varias páginas al asesinato de Marcelo y a la desaparición posterior de su cuerpo, junto al de Carlos Flores Bedregal, ametrallados en la COB el 17 de julio de 1980 y donde participó, personalmente, el “Killer”. Dicho “informe”, entregado al presidente Arce en un acto público el 22 de marzo de 2021, contiene una revelación trascendental: Por primera vez se confirmó la existencia de los documentos secretos de las dictaduras, clasificados y archivados en el Departamento II del Estado Mayor de Ejército.

En efecto, ese mismo 22 de marzo, Nila Heredia le dijo al presidente Arce: “Es de destacar el acto de abrir la documentación clasificada del Departamento II de las Fuerzas Armadas: es preciso remarcar que fue la única comisión de la verdad en el continente que accedió, tarde pero accedió, a documentación clasificada de las Fuerzas Armadas (…), es posible afirmar que el material logrado es de alto valor por su importancia, aún las Fuerzas Armadas deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado”. Afirmaciones categóricas corroboradas en el texto del informe que señala: “El material logrado es de un alto valor por su importancia. Esa documentación, que fue revisada tan sólo cuatro meses, requiere de una más amplia revisión, análisis y desclasificación” (Pág. 10). Agregando a continuación: “Sólo desde marzo de 2019 se ha podido ingresar a los archivos de los Departamentos I y II, estando pendientes el ingreso a otros archivos militares importantes como el del Departamento III, los de la Armada Boliviana y otros pertenecientes a la Fuerza Aérea” (Pág. 170). Para finalmente recomendarle al presidente Arce: “Instruir a las Fuerzas Armadas a que se involucren efectiva y eficazmente en la investigación y esclarecimiento de la muerte y destino de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz o que devuelvan la medalla al mérito democrático que le fue entregada en años pasados y que lleva el nombre del líder socialista” (Pág. 214). 

Por ello, hoy hay que preguntarles nuevamente al presidente Arce y a su Ministro “revolucionario” si es que ya desclasificaron toda la “enorme documentación que ha quedado y que la Comisión no ha logrado digitalizar”, como le dijo Heredia al Presidente hace un año.

Sólo sabemos que el diputado Óscar Balderas ha presentado peticiones de informe escrito al Gobierno, habiendo obtenido respuestas elusivas, burocráticas, cuando no falsas, porque, al parecer, después de un año no hay orden alguna de desclasificar los “archivos del terror dictatorial” que, con seguridad, deben contener los datos suficientes, no sólo para encontrar los restos de Marcelo Quiroga y Carlos Flores, sino para develar el detalle y los responsables del asesinato de Luis Espinal, de la masacre de Caracoles, de la estructura paramilitar que montó Klaus Barbie, junto al trágico listado de los crímenes impunes desde la dictadura de Barrientos hasta la recuperación de la democracia en 1982.