Los derechos vulnerados de Áñez
En lo que va del retorcido y espurio juicio a la expresidenta Jeanine Áñez, denominado “Golpe de Estado II”, se han vulnerado numerosos derechos que un tribunal imparcial se cuidaría de no validar con una sentencia condenatoria, como se ha anticipado, pero eso es intrascendente para estos jueces empeñados en condenarla a la brevedad posible en este proceso “express”, con el fin de seguir al pie de la letra el libreto impuesto por el poder y de demostrar así su obsecuencia.
Cabe expresar, en primer término, que el juicio es inconstitucional e ilegal, porque a Áñez no le corresponde un proceso penal en la justicia ordinaria, sino un juicio de responsabilidades, debido a la alta investidura que ejerció; el oficialismo no fue por esa vía porque no cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y porque quiere aprovechar el hecho de tener a la justicia arrodillada a sus pies. Es decir, se trata de un procesamiento que vulnera la Constitución Política del Estado, pero también los derechos humanos y constitucionales de la exmandataria al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa. Sin el respeto a estas facultades de cualquier persona, la inminente sentencia condenatoria, de entre 12 a 15 años, está viciada de nulidad y, por los delitos e irregularidades a lo largo del proceso, el Estado incurre en responsabilidades que mañana Áñez y los otros condenados se encargarán de representar ante un tribunal internacional que garantice imparcialidad e independencia del poder político.
En efecto, según se ha constatado, a lo largo de este juicio ha sido notoria una fuerte presión del Gobierno sobre la justicia, con el fin de lograr una rápida condena, como un factor que explica las difíciles condiciones que hoy enfrenta Áñez en su larga detención preventiva —otra vulneración a sus derechos—; una afirmación de esta naturaleza no es nueva si se considera la vergonzosa falta de independencia de la justicia, hoy subordinada al Ejecutivo, denunciada en informes internacionales.
Áñez no tendría que comparecer a los estrados judiciales bajo un proceso ordinario que emergió del anómalo “desdoble” del proceso en dos; según los abogados de la defensa y juristas que han seguido de cerca este proceso, es notoria la falta de pruebas para los delitos imputados, al extremo que se ha llegado a fundamentar, de acuerdo con estas fuentes, los presuntos delitos cometidos por Áñez en conjeturas y suposiciones, pero no en pruebas, lo cual es contrario al Derecho. Otros expertos independientes han observado también que en el juicio a Áñez se han registrado vulneraciones al debido proceso, a las garantías constitucionales, al derecho a la salud y a la independencia de la justicia en un procesamiento con altas dosis de injerencia política.
Es necesario complementar que en los cargos contra Áñez, que es procesada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimientos de deberes, hay una innegable presión política, que obedece a la pretensión del expresidente y dirigente cocalero Evo Morales de fundamentar en la condena de Áñez su narrativa de un inexistente “golpe de Estado” que “borre” el fraude de octubre de 2019.
