Manejo de la publicidad oficial
Brújula Digital publica, desde la anterior semana, investigaciones sobre la administración de la pauta publicitaria oficial o del Gobierno, que contiene los anuncios que debe conocer la población y que están relacionados con la gestión de las instituciones estatales; por supuesto, tales publicidades son pagadas con los impuestos de los contribuyentes.
Las conclusiones de los mencionados trabajos periodísticos, que abarcan desde noviembre de 2020 hasta julio de este año, según los documentos de la página web del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), revelan una situación preocupante: en el primero de ellos, se informa que los medios con mayor publicidad pública son los canales televisivos Bolivia TV, ATB y Abya Yala, con contratos que superan, en promedio, el millón de bolivianos al mes. Se trata, según especifica la referida publicación digital, de aquellos contratos que establece el Viceministerio de Comunicación Social, pero no toma en cuenta los que se firman con empresas públicas, entidades autárquicas y otras instituciones estatales, por lo cual no es difícil estimar que el monto indicado es inclusive mayor.
En una segunda publicación, el mencionado medio digital ha establecido que el Gobierno del presidente Luis Arce ha identificado “en pasados meses a una supuesta ‘corporación mediática’ que presuntamente ‘modula la verdad’, en términos del vocero presidencial Jorge Richter”, a consecuencia de lo cual un grupo de medios está excluido de la lista de privilegiados que firman contratos publicitarios con el Gobierno. Esta nómina está conformada por Los Tiempos, Página Siete, El Deber, El Diario y la agencia ANF, entre otros.
En lo que toca a Los Tiempos, cabe expresar que este periódico no pertenece a ninguna “corporación mediática” que “modula la verdad”, como sostiene Richter, sino que desde su fundación, hace casi 80 años, practica un periodismo libre, independiente y al servicio de la comunidad cochabambina y del resto del país, a la cual se debe; sería más honesto que el Vocero diga que eso es precisamente lo que incomoda al poder, pero sabemos que no lo hará.
Por el contrario, precisamente porque este periódico ha resuelto privilegiar la información y la opinión por encima de la propaganda, ha sido objeto de una sañuda cuanto permanente campaña de asfixia económica, como lo ponen de manifiesto las publicaciones señaladas.
Pero es nuestro deber advertir que manejar la pauta publicitaria estatal como un premio, para los medios obsecuentes y alineados con el Gobierno, o como un castigo, para Los Tiempos y otros medios informativos independientes, vulnera el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión. Según el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José y el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, ambos vinculante para el Estado, el Gobierno no puede usar la publicidad como premio o castigo según la línea informativa de un medio, porque esto lesiona la libertad de expresión; las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los medios y los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
El Gobierno no puede manipular la pauta publicitaria pública como una forma indirecta de presión sobre los medios: incurre en vulneraciones que acarrearán responsabilidades.
