Lo que dejó 2022 en términos urbanos en Cochabamba

El año que llegó a su fin deja grandes complicaciones en la ciudad, dada la transición entre la Covid-19, los avatares para el retorno a una nueva normalidad y los conflictos internos políticos y económicos. Dado que la pandemia no ha sido erradicada en su integridad, y que algunas variantes aún se manifiestan causando zozobra en la población, vuelven a poner de manifiesto medidas restrictivas, aunque el carácter opresivo de la Covid-19 no es el mismo de su inicio; sin embargo, demanda la inoculación de los habitantes, la cual ha superado las asimetrías iniciales con respecto a la disponibilidad de las vacunas. La letalidad de casos aislados se puede atribuir en gran medida a la negativa producto de un arraigo cultural y a las teorías de conspiración e infodemia.

En términos económicos, el efecto colateral más importante, es la repentina inflación, a la que se puede añadir interrupciones en la cadena de suministro, afectando la recuperación de la economía urbana, situación que ha exigido proyectar planes de reactivación para una sociedad que ha incrementado su precariedad laboral con fuerte tendencia en el comercio -principalmente- informal y el transporte, destacando su carácter terciario.

En el plano político, durante la pandemia se reveló una fuerte crisis administrativa-institucional derivada de un polémico proceso eleccionario y posterior sucesión de la administración gubernamental, cuyos resultados alteraron la paz social del país. 

Estos aspectos reflejan un exiguo avance en políticas públicas, naturalizando una vulnerabilidad social visible en gruesos sectores de la población, con mayor consecuencia en aquellos localizados en la marginalidad urbana. Destaca visiblemente la ausencia de una Política de Desarrollo Urbano Sostenible y de una Política de Desarrollo Metropolitano con proyección de largo plazo que enfoque la solución integral y temática de los municipios que conforman la ciudad metropolitana.

En el detalle, estos instrumentos deben revelar su factibilidad como medios de aporte en la reactivación económica y su utilidad para revertir los incrementos de desigualdad y pobreza y superación de la fuerte pérdida en términos de participación laboral, producida especialmente en mujeres durante los picos altos de la pandemia; de tal manera que mitiguen los efectos sociales, productivos y económicos, y mejoren los sistemas de protección social, de salud, y educacion.

Por otra parte, la estrategia gubernamental central no ha podido incorporar a muchas familias de sectores altamente inconsistentes, carentes de ingresos económicos estables, a acceder a programas de una vivienda digna mediante financiamientos hipotecarios, alejando al Estado la posibilidad de disminuir el déficit habitacional y mejorar el comportamiento de la ciudad en términos cuali - cuantitativos.

Es evidente la fragilidad de segmentos desfavorecidos en términos laborales y económicos que han intentado con mucho esfuerzo acceder a suelo urbano, y en algunos casos en la urgencia de contar con un espacio para residir han adquirido terrenos en loteamientos dudosos, “publicitados con grandes ventajas de pago a plazos”, muchos de ellos producto de prácticas ilegales y corruptas como parte del tráfico de tierras. Esta situación coyunturalmente, ha inducido a la invasión de espacios urbanos en zonas de riesgo, de preservación ecológica, tratamiento paisajístico o en áreas agrícolas adyacentes a la gran ciudad metropolitana, exigiendo posteriormente la transformación del uso del suelo, la dotación de servicios básicos e infraestructura vial, transporte para la movilidad urbana, espacios públicos de recreación, áreas verdes, demandas que han puesto en cuestión la posibilidad de satisfacción eficiente.

En conclusión, el 2022 deja principalmente enormes desafíos por resolver. Inicialmente resulta imperativo trabajar en la resiliencia social, que permita reubicar de manera sostenible a muchos ciudadanos que durante la pandemia fortalecieron el ejército de pobreza y de extrema pobreza. Segundo, se impetra al Estado enfocar indicadores en el desarrollo humano y de gestión social, mediante políticas públicas que reconozcan sociedades más equitativas, competitivas, habitables, gobernables, y readaptativas, mejorando las cualidades metodológicas y operacionales de la administración local, metropolitana, departamental y nacional. La resiliencia social debe contribuir con nuevas representaciones para la evolución de relaciones más empáticas, especialmente con sectores poblacionales sensibles y complejos contextos de la sociedad, que satisfagan con respuestas concretas las dinámicas correlacionadas de orden político y económico. Finalmente, se debe solicitar a la tutela institucional liderizar de manera consciente el desarrollo urbano territorial, mejorar la conectividad, la disfuncionalidad, interinidad, e informalidad, exigiendo el cumplimiento de las ofertas electorales, rechazando la improvisación y apostando por un desarrollo efectivo.

Dada su escasa superficie construida comparativamente con otros territorios nacionales, no sería difícil convertir a Cochabamba en una ciudad próspera, con un modelo de planificación exitoso, en el cual prevalezca principalmente la voluntad política como mecanismo para priorizar elementos fundamentales del desarrollo local, y despolitizando la obligación de lidiar por construir una ciudad sustentable.