Corrupción y sus efectos
Aunque haya ascendido un punto respecto de 2021, Bolivia permanece en el último tercio, el peor, del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, hecho público hace pocos días por Transparencia Internacional (TI).
Esta organización no gubernamental publica desde 1995 un informe anual sobre la percepción que se tiene de la corrupción en el sector público de 180 países del mundo.
El índice los califica según la percepción de especialistas y empresarios sobre la corrupción existente en el sector público de cada país. Está basado en “datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros”, explica la introducción del informe publicado el martes 31 de enero.
Cada Estado recibe una calificación que va de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y el cien, corrupción prácticamente inexistente.
Bolivia tiene una calificación de 31 puntos, ocupa el puesto 126 en el ranking mundial y el 25º entre los países de las Américas.
El IPC no mide la corrupción, tarea imposible pues, por su ilegalidad, los actos corruptos se esconden y disimulan y es muy difícil saber qué porcentaje de ellos se descubren.
Pero la percepción que se tiene de cuán corrupta es la administración pública de un Estado influye de manera significativa en la confianza que le otorgan los organismos internacionales, los inversores, los países que ejecutan programas de cooperación internacional y, también, quienes invierten en bonos soberanos.
En los últimos 10 años, el puntaje de Bolivia ha descendido desde 34, en 2012.
Ese descenso coincide con los resultados del lanzamiento de los bonos soberanos. Los de 2012 tuvieron éxito en su acogida en los mercados internacionales de capitales. Al contrario, los emitidos el año pasado no lograron captar los fondos que el Gobierno esperaba.
Este es solo un ejemplo del impacto que tiene la percepción de la corrupción en un Estado, factor al que se suma la calificación de riesgo, que para Bolivia ha sido revisada a la baja.
“Vemos una clara correlación entre los niveles de corrupción y la baja calidad de la democracia: poca independencia del poder judicial, falta de libertad de expresión, de libertad de prensa”, explicó el martes la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio.
La observación de Ferreira se aplica a la globalidad de los países incluidos en el IPC 2022, pero parecería que estuviera refiriéndose de manera específica a Bolivia.
