¿Realmente somos dueños de las empresas estatales?

Hace poco, se hizo viral un video del diputado Héctor Arce tratando de ingresar a las oficinas de Entel, en La Paz, a la fuerza con la finalidad de seguir ganando puntos ante su alteza Evo Morales, ya que justo ese día, se llevaba a cabo en El Alto, el cabildo convocado por el presidente Luis Arce para mostrar su musculatura ante los ataques y el congreso del MAS-IPSP, convocado y manipulado por el “líder de los humildes”.

Lo gracioso del video es que el diputado no logra ingresar, pues le impiden cumplir su rol constitucional fiscalizador y mostrar cómo en este país los funcionarios públicos no trabajan, y son usados con fines políticos. Imagínese un funcionario público que no trabaja y en que en su horario laboral se dedica a otras actividades fuera de las que debe desempeñar. Seguramente el diputado, exalcalde y acérrimo evista jamás en su vida vio u obligó a hacer eso, cómo pues.

Esto sin duda motivó al paladín de Morales a fiscalizar a las empresas estatales, no cuando hay denuncias de corrupción, pésimo servicio o maltrato a usuarios, sino, simplemente cuando había rumores de que el presidente Arce estaba obligando a funcionarios públicos a asistir a un cabildo que, dicho sea de paso, cuestionaba el derecho divino de gobernar de Evo Morales.

Todo ello nos muestra que, primero, lo que menos importa para nuestros políticos es controlar y supervisar cómo las empresas estatales brindan sus servicios en calidad y eficiencia y, segundo, que éstas son muros infranqueables y fuente de pegas, que no rinden informes ni transparentan sus operaciones. Todo esto lleva a cuestionar sobre si las empresas estatales son realmente nuestras o nos pertenecen, como nos dice la propaganda estatal.

La actual campaña económica del gobierno nacional, se define como la de la industrialización, y se tiene planes para invertir en muchas empresas estatales en varios rubros con la finalidad de generar ingresos, y salir de la pobreza, pero, en verdad, tal como se está mostrando, el desempeño de estas empresas implica más gasto público, además de que no son realmente nuestras.

Mientras las empresas estatales sigan siendo administradas y manejadas por un régimen cerrado de información, no transparente, y con ausencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre la ejecución de recursos y las formas de contratación de personal, para lo único que van a servir es para ser fuente de pegas para partidarios y familiares de los políticos de turno y, por tanto, para tener un ejército de militantes peguistas que estén dispuestos a ir a cabildos y concentraciones que solicite su contratante.

Entonces, las empresas públicas, no son de todos los bolivianos, eso es una mentira, porque están cerradas al escrutinio público y son administradas por un grupo de familias que administra el Estado y que van rotando de cargo en cargo de generación en generación. Son empresas privadas, de los políticos de turnos quienes se enriquecen representando al pueblo. Pueblo que, repito, no es dueño de esas empresas. No siga creyendo eso.

El autor es analista de políticas públicas