Con dar seguridad y dejar trabajar, sería suficiente

Hay frases que impactan por su contundencia, seguramente usted conoce muchas, tal vez más que yo. Una de las que más me hizo reflexionar hace mucho tiempo ya es: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Es de Arquímedes, físico y matemático griego, considerado un genio en su época por los descubrimientos que hizo, apoyado en la ciencia.

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo” fueron las palabras con las que explicó el “principio de la palanca”, al haber descubierto que mientras más larga sea la barra rígida que se utilice y la misma tenga un buen punto de apoyo, la fuerza necesaria para levantar un objeto pesadísimo bajará al mínimo.

Cabe aclarar, que la expresión coloquial de “palanca” refiriéndose al poder que algunos tiene para obtener favores indebidamente gracias a “su muñeca” o influencia política, nada tiene que ver con este artículo; antes bien, de lo que se trata es de que esta cita de Arquímedes nos lleve a soñar con todo lo que el empresariado privado podría hacer por el bien de nuestro país, en el marco de la legalidad y la formalidad, de existir las condiciones para ello. En otras palabras, si el sector empresarial contara con el apoyo de buenas políticas públicas, el enorme lastre de la pobreza que castiga aún a varios millones de bolivianos sería menos azaroso y más fácil de combatir, gracias al apalancamiento de visiones, esfuerzos, compromisos y acciones, para generar riqueza con la inversión y producción, así como empleos e ingresos para la ciudadanía y tributos para el Estado.

Alguien dijo que no hay mejor “política de incentivo” para los empresarios, que la seguridad jurídica, y que no hay mejor “política social” para la ciudadanía, que la que permita al empresariado forjar empleos dignos y sostenibles en el tiempo; sin embargo, para ambas cosas son determinantes las acertadas decisiones de quienes conducen la nave del Estado, por ejemplo, en nuestro país, el Órgano Legislativo, con leyes adecuadas; el Órgano Judicial, con la administración de justicia de forma imparcial, sin dilación y con probidad; el Órgano Ejecutivo, con decretos y normas derivadas y, en lo operativo, una moderna administración estatal con un buen funcionamiento, por la que los servidores públicos estén comprometidos con dar lo mejor de sí, en favor de la sociedad civil.

¡Bueno sería que no solo los gobernantes, sino también quienes aspiran a serlo a partir de las elecciones generales de este año, entiendan algo tan sencillo e importante como esto! Que el desarrollo y la disminución de la pobreza no dependen tan solo de los buenos deseos de un Gobierno, sino también, de su accionar.

A no dudarlo, el mayor desafío que tiene por delante Bolivia a corto plazo es garantizar la paz social y la estabilidad macroeconómica, lo que tendrá mucho que ver, no solamente con la política, sino, principalmente, con la economía, bastante venida a menos por los golpes que la misma ha sufrido tanto externa como internamente.

La previsibilidad de las reglas de juego, por una parte, y, de las políticas públicas, por otra, son condiciones mínimas indispensables para captar capitales nacionales y extranjeros destinados a invertir, producir y exportar mucho más, frente a la gran urgencia que tiene el país para aumentar el ingreso de divisas, subir las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia y alejar la posibilidad de una mayor devaluación del boliviano y, con ello, más inflación.

La estabilidad social dependerá, por una parte, de que se recuperen los empleos perdidos y, por otra, de que el nivel general de precios no aumente de tal manera que socave el poder adquisitivo de los asalariados, en función de lo cual el Gobierno debe abrirse al pragmatismo y mejorar el entorno para que aquello ocurra a partir de un mayor dinamismo de la actividad privada.

El empresariado nacional, como tomador de las políticas públicas, a través de sus diferentes estamentos productivos, comerciales y de servicios encarna no solo el deseo, sino, la enorme responsabilidad de invertir, innovar, mejorar su productividad y competitividad, en cuanto le compete, dadas las condiciones objetivas que le impone el entorno donde se desenvuelve, con las normas vigentes en el país, las que, ciertamente, deberían mejorar, y mucho.

Enfrentar con éxito el desafío que implica la necesidad de combatir la pobreza podría convertirse en una motivación adicional para que los empresarios bolivianos inviertan y generen más empleo, para lo cual una sinergia público-privada coherente —en cuanto a la activación de las enormes potencialidades productivas que existen, así como para atender las necesidades sociales aún por resolver— llevaría a una lucha eficiente y sostenible para sacar a más pobres de tal condición.

Pregunté, entonces, a un amigo empresario: ¿Qué le pedirías al Estado para apalancar un mayor desarrollo? “¡Seguridad jurídica y que deje trabajar, con eso basta!”, me respondió.

El autor es economista, magíster en comercio internacional y gerente de IBCE