Si de Justicia independiente se trata

Han pasado ya algunos días de la decisión de ciertos jueces de disponer la liberación del ex dirigente cívico potosino Marco Antonio Pumari y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El primero de ellos fue detenido en medio de un colosal operativo policial que, en los hechos, “allanó” la ciudad de Potosí, ocupándola y faltando al respeto al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y al pueblo de Potosí como sólo hizo el MAS, ni siquiera la dictadura banzerista.

En 1976, el comandante del Batallón Pérez 3 de Infantería, ante una movilización por el zinc, dijo que se abstuvo de pedir que se bombardee la ciudad por los monumentos que tenía; le importaba un carajo su población; pero el MAS no tuvo misericordia, hizo, a través de la Policía, lo que le dio la gana y ocasionó incluso la muerte, en la clandestinidad, del dirigente Juan Carlos Manuel.

El caso de Camacho merece un comentario aparte, por las revelaciones que hizo acerca de su detención, que lo han puesto en entredicho con la población cruceña, que sufrió iniquidad y media, también por parte de la Policía, cuando salió a reclamar por su libertad. De todas maneras, el gobernador está ahora libre y reasumió sus funciones.

Por otro lado, dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala y oficiales de las Fuerzas Armadas están recuperando su libertad y, en el caso de la expresidente constitucional transitoria Jeanine Áñez, se han anulado sus procesos ordinarios y dispuesto que se la juzgue en juicio de responsabilidades, para “alarma” de la CIDH que seguramente desconoce que en Bolivia se ha juzgado en esa vía a un dictador como García Meza y debe hacérselo también con la señora Áñez, que asumió la presidencia constitucionalmente, para pesar del expresidente fugado y sus muchachos.

Pues bien, lo ocurrido en esos casos fue fruto de una orden del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, lo que ha dado pie a que varios despistados crean que el Órgano Judicial ha recuperado su independencia, lo cual no es evidente, pues de serlo, hubiéramos asistido a la orden de revisar los plazos de detención preventiva no cuando se evidenció que el MAS había sido derrotado electoralmente, sino mucho antes, cuando los recientemente electos magistrados asumieron sus funciones.

Pero, a mayor abundamiento, hay otros casos que demuestran que el famoso “órgano” está bastante parecido a lo que es desde hace 20 años y que sigue obedeciendo las instrucciones que le llegan del Ejecutivo.

Se trata, en primer lugar, de la sentencia pronunciada en contra de los sacerdotes jesuitas Marcos Recolons y Ramon Alaix, por supuesto encubrimiento a las barbaridades que en su momento hizo Alfonso Pedrajas, el famoso padre “Pica”, en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, que los ha condenado a un año de privación de libertad.

Al respecto, hay que recordar que el artículo 171 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de encubrimiento, dispone: “El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años”.

En el momento en que conocieron los hechos, los sacerdotes debieron denunciarlos, pero de entonces a la fecha han transcurrido más de los tres años señalados por el ordenamiento jurídico penal para la prescripción de la acción, a lo que se debe añadir que el autor de los execrables hechos murió sin que haya sido condenado por ellos y, al haber partido de este mundo (ojalá al infierno que largamente se merece) la acción penal en su contra se extinguió.

¿Por qué se siguió este proceso? Habrá que recordar que fue un exprocurador quien denunció los hechos el año 2023, con mucha energía, misma que no se dejó ver en el caso de su jefe, acusado de pederastia y trata y tráfico de personas.

El segundo caso tiene que ver con expersoneros del Banco Central de Bolivia, a quienes también se les ha impuesto condena por haber contraído un supuesto préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuando lo que ocurrió en realidad fue que se trató de un acuerdo referido a Derechos Especiales de Giro, que se suscribió en época del gobierno de la señora Jeanine Áñez.

El propio gobierno del MAS reconoció, por boca del ministro Montenegro en 2023, que no hay ningún problema ni algún elemento extraño en el hecho de que el Banco Central utilice los derechos especiales de giro que es un activo internacional tan parecido, pero no tan líquido, a los dólares, euros u otro tipo de divisa y se encargó de aclarar que lo único que no puede hacer el Banco Central es “pignorar el oro, directamente tendría que pedir un permiso a la Asamblea (Legislativa), pero lo demás puede utilizarlo”.

A ver si el fiscalato (feliz término del Dr. Gonzalo Rojas Ortuste, para describir los abusos que los fiscales cometen contra opositores) hace algo contra “Tilín”, por haber pignorado el oro, e independientemente de que haya cambiado la primera letra de su notable apodo reemplazando la “T” por la “P”.

Además, no debe olvidarse que más de 80 países utilizaron financiamiento similar del FMI para atender la emergencia de la Covid-19 y solo en Bolivia la decisión técnica fue judicializada, porque así obró siempre el MAS.

Lo cierto es que la independencia del Órgano Judicial no puede ser fruto de una actitud camaleónica y de obediencia o de acomodo ante la inminencia de un nuevo Gobierno, sino de una reforma profunda, que ya se ha intentado hace algún tiempo con el colectivo “Juristas independientes” y que deberá reintentarse por el mismo medio o por otro.

Entretanto ello no ocurra, es de ilusos creer que “La justicia ha recuperado su independencia”.

El autor es abogado