Política, consenso y conflicto en Bolivia

Toda sociedad enfrenta problemas que obstaculizan su desarrollo y ponen a prueba su capacidad de alcanzar metas colectivas. Algunas tensiones se disipan con rapidez y quedan como episodios pasajeros; otras, en cambio, se enquistan cuando la acción política no logra encauzarlas hacia soluciones efectivas. En estos casos, los conflictos permanecen vivos en el tiempo, se acumulan y terminan erosionando la convivencia social.

La experiencia boliviana muestra con claridad que los problemas no resueltos tienden a reaparecer bajo nuevas formas, pero con la misma carga de frustración y violencia.

En el país, el conflicto social se ha convertido en un agobio recurrente. Los impulsos propositivos que deberían orientarse a la construcción de respuestas viables suelen quedarse en formulaciones teóricas alejadas de la práctica democrática

 Políticas de diverso orden, sociales o económicas, terminan atrapadas en la lógica de la confrontación, no por falta de ideas, sino por la incapacidad de razonar colectivamente y arribar al diálogo. Cuando las posiciones de los sectores sociales y de las autoridades divergen sin canales de mediación, el desacuerdo degenera en conflicto abierto y, con frecuencia, en violencia.

Desde inicios del siglo XXI, Bolivia ha vivido episodios especialmente cruentos. La llamada “guerra del agua” del año 2000 dejó cientos de heridos y una víctima fatal; febrero de 2003 derivó en enfrentamientos entre policías y militares con decenas de muertos; y los sucesos de octubre del mismo año concluyeron con la renuncia presidencial tras más de sesenta fallecidos.

Estos hechos revelaron un patrón constante: la ausencia de diálogo previo y el uso tardío o ineficaz de mecanismos políticos para procesar el conflicto.

Es más, el año 2019 reactivó memorias dolorosas. La caída de Evo Morales y el gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez estuvieron marcados por operativos de fuerza que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), causaron la muerte de treinta personas.

Posteriormente, la presidencia de Luis Arce también enfrentó conflictos de alta intensidad, entre ellos el paro de 36 días en Santa Cruz y las movilizaciones posteriores a diciembre de 2022, con decenas de heridos y cuatro fallecidos. La constante no ha sido la ideología de turno, sino la dificultad estructural para prevenir el conflicto mediante el consenso.

Y así, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no escapa a esta lógica. En los primeros meses de su mandato ya enfrenta conflictos significativos: la oposición de la Central Obrera Boliviana al Decreto Supremo 5503 sobre la subvención a los combustibles, las tensiones en torno al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3 en Tariquía y la polémica ley antibloqueos.

Cada uno de estos casos evidencia que, cuando el diálogo no precede a la decisión política, la respuesta social se traduce en protestas, bloqueos y un impacto negativo en la economía y la estabilidad.

Estos ejemplos confirman que el diálogo previo al conflicto no es un recurso retórico, sino un instrumento esencial de gobernabilidad democrática. La ausencia de una metodología orientada a generar consensos deja como única salida la coerción legal o el uso de la fuerza, ambos de carácter externo y reactivo.

En este punto, la advertencia clásica de Horacio conserva plena vigencia: “¿De qué sirven las leyes sanas sin buenas costumbres?”. Sin una cultura política del diálogo, la norma se vuelve insuficiente y el orden, frágil.

La historia boliviana está atravesada por estas sombras. Si el actual gobierno pretende transitar del desorden al orden democrático, institucionalizar la política y dejar atrás prácticas autoritarias, el diálogo debe convertirse en su principal herramienta.

Como advierte Alberto Valencia Gutiérrez, no hay diálogo cuando se descalifica de antemano al adversario ni cuando se niega la legitimidad del interlocutor; tampoco lo hay sin una actitud crítica frente a la propia posición. El reconocimiento del otro exige autocrítica.

En suma, el debate político no debe orientarse a la imposición ni a la aniquilación retórica del oponente, sino a la búsqueda de una verdad compartida que permita convivir en la diferencia. Solo así el conflicto dejará de ser un destino inevitable y podrá convertirse en una oportunidad para fortalecer la democracia.

El autor es docente-investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS