Diálogo de sordos y asfixia democrática

La actual crisis política y social ha dejado de ser un conflicto sectorial para convertirse en un peligroso juego de suma cero. Tras cerca de un mes de bloqueos que asfixian principalmente al departamento de La Paz, las cartas sobre la mesa muestran dos visiones de país irreconciliables: un Gobierno que intenta ganar tiempo a fuerza de reformas tipo “un paso adelante y dos atrás” y una oposición movilizada que ya no busca negociar leyes, sino forzar un quiebre de mandato.

En este escenario de tensión, el reciente anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre un reordenamiento de su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social es un reconocimiento implícito de la falta de sintonía con las bases.

Al intentar incluir a sectores clave como gremiales, transportistas y campesinos, el Ejecutivo busca arrebatar el monopolio de la representación a la protesta callejera.

Sin embargo, la estrategia llega tarde: la reciente anulación de la Ley 1720 demostró que las demandas económicas iniciales eran solo la punta del iceberg de un descontento acumulado. Hoy, la oferta de diálogo choca contra una pared ideológica infranqueable.

Del otro lado del espectro, los sectores movilizados en la “Marcha por la Vida” –impulsados por la línea radical del trópico de Cochabamba– han revelado sus intenciones al abandonar cualquier agenda social. La consigna actual es maximalista: la renuncia presidencial inmediata y la convocatoria a elecciones generales en 90 días para refundar (refundir) el orden institucional.

Para añadir combustible al fuego, la confrontación ha dejado de ser exclusiva de las carreteras andinas. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, convocó a una masiva “Gran Marcha por la Democracia”. Si bien esa movilización exige vías expeditas ante la crisis alimentaria que golpea a La Paz, el discurso cívico amenaza con dinamitar cualquier puente de concertación.

Al exigir que “no se negocie con los delincuentes que están llevando adelante este golpe de Estado”, la dirigencia cívica cae en la misma trampa de la intransigencia que critica. Calificar de “delincuentes” “vándalos” o “basura” a los marchistas solo empeora el problema.

Esta retórica del desprecio es tan poco coherente como las pretendidas reivindicaciones de los bloqueadores; mientras unos destruyen la economía en nombre de una supuesta refundación, los otros anulan al contrincante tildándolo de criminal, transformando la crisis en un callejón sin salida moral.

Esta radicalización asume un costo social alarmante. Al implementar tácticas de asfixia como el “plan pulga”, la dirigencia afín a Evo Morales reconoce abiertamente el sufrimiento de la población por el desabastecimiento, pero lo instrumentaliza como un mal necesario para “sacar al Gobierno”, rechazando de plano cualquier acercamiento bajo el argumento de que no se puede dialogar en nombre de la “sangre indígena”

Ante este escenario, diversos líderes regionales advierten la soledad del presidente Paz y sugieren medidas drásticas como el estado de excepción para frenar el colapso.

A esta parálisis discursiva se suma un vacío peligroso: la ausencia de mediadores institucionales legítimos. En crisis pasadas, la Iglesia católica o los organismos internacionales tendían puentes donde el asfalto se dividía; hoy, la respuesta de estos actores es tibia ante la urgencia.

Mientras tanto, el fantasma de la militarización de las carreteras sobrevuela un escenario ya de por sí inflamable por la escasez de carburantes y divisas. Sin dólares en las bóvedas ni comida en los mercados, el colapso económico corre más rápido que las soluciones de un gabinete bajo asedio.

Bolivia se encuentra en un punto de inflexión donde la política no puede seguir ejerciéndose a costa del hambre y la salud de los ciudadanos. La exigencia presidencial de establecer corredores humanitarios es un llamado de urgencia que los bloqueadores no pueden ignorar si pretenden mantener un ápice de legitimidad.

Forzar elecciones en tres meses bajo la presión de las carreteras cerradas –o pretender resolver la crisis estigmatizando a todo un sector social desde las plazas cívicas– no parirá un Gobierno democrático.

El resultado será otro precedente nefasto de inestabilidad jurídica donde ninguna administración futura será viable. Para salir de este laberinto, el Gobierno debe demostrar efectividad con sus nuevos ministros más allá de la retórica, pero la oposición está igualmente obligada a aislar los discursos de odio y los intereses particulares de aquellos que prefieren ver arder el país antes que sentarse a la mesa.

El autor es economista y filósofo