¿Condenados?

Sobre cómo nos dejó el régimen masista he escrito bastante. Particularmente, sobre las generaciones que nos tomará reparar el enorme daño institucional, político y cultural que produjo. Mientras tanto, pareciera que estamos obligados a vivir condenados. Como si estuviéramos pagando, en vida, las consecuencias de uno de los experimentos políticos más destructivos de nuestra historia reciente.

Odio, violencia, racismo, intolerancia, crueldad e insensibilidad. Todo aquello que refleja las peores miserias humanas aflora hoy con una intensidad alarmante. Una sociedad atrapada en esas pulsiones difícilmente podrá construir un futuro. Más bien, corre el riesgo de quedar prisionera de sus propios resentimientos.

Lo que vivimos actualmente no es el resultado de demandas irresueltas de la colonia o del ciclo neoliberal, como todavía sostienen algunos discursos. Si se quiere interpretar correctamente esta crisis, habría que reconocer que se trata, fundamentalmente, de demandas acumuladas durante los 20 años del propio régimen masista.

Muchas de las reivindicaciones que hoy aparecen en las calles debieron haber sido atendidas precisamente por quienes controlaron el Estado durante dos décadas.

Esta constatación es demoledora. Significa que el denominado “proceso de cambio” no resolvió estructuralmente los problemas que prometió solucionar. Por el contrario, terminó reproduciendo muchos de ellos bajo nuevos actores y nuevas narrativas.

Es cierto que se produjo una importante inclusión política. El sujeto “indígena originario campesino” accedió a espacios de poder históricamente vedados. Administró instituciones, ocupó cargos estratégicos y participó en la gestión del mayor excedente económico de la historia contemporánea.

Sin embargo, esa inclusión no se tradujo necesariamente en beneficios para las bases sociales que dicen representar.

Como he sostenido en anteriores artículos, el principal favorecido del “proceso de cambio” no fue el conjunto de los actores populares, sino una nueva élite dirigente surgida desde las estructuras sindicales. Los llamo los “nuevos ricos azules”. Mientras las bases continuaban enfrentando precariedades históricas, numerosos dirigentes acumularon económico poder, influencia y privilegios.

La mayor traición, empero, fue silenciosa. No se produjo únicamente en el plano económico, sino en el terreno de la formación y la conciencia crítica. La educación jamás fue concebida como una verdadera herramienta de emancipación. Una ciudadanía educada, informada y autónoma es incompatible con cualquier proyecto político que aspire a perpetuarse mediante la dependencia y la obediencia.

Por ello se alimenta una explicación simplista de la realidad nacional. Todo se reduce a la amenaza permanente del “imperio” y a la defensa de los recursos naturales. Antes fue el gas; hoy son el litio y las tierras raras. La responsabilidad interna desaparece del debate mientras los verdaderos problemas permanecen intactos.

Las bases nunca llegaron a observar el cuadro completo. Mejor dicho, nunca les permitieron hacerlo. Resulta más funcional mantener dependencias políticas que promover pensamiento crítico. En ese sentido, el éxito de ciertos liderazgos radicó precisamente en administrar la pobreza material y la dependencia política como instrumentos de control.

Lo que hoy observamos en las calles –y particularmente en el departamento de La Paz– es el resultado de esa construcción política de largo plazo. No estamos frente a una explosión espontánea de demandas sociales. Estamos frente a la reacción de estructuras corporativas que durante años participaron activamente del poder y que ahora pretenden recuperarlo.

Los sindicatos que hoy exigen la renuncia de Rodrigo Paz no fueron actores marginales durante el régimen anterior. Formaron parte de la estructura estatal, participaron en espacios de decisión y se beneficiaron de un sistema de distribución de cuotas y privilegios.

Para recuperar esos espacios, utilizan nuevamente a sus bases como “carne de cañón”. En alianza con Evo Morales –cuyo principal objetivo es la impunidad y su retorno al escenario político– han sometido al país a una escalada de conflictividad que castiga de un modo cruel e inhumano a los sectores más vulnerables.

Las consecuencias son evidentes. Familias sin ingresos, comerciantes arruinados, emprendedores destruidos, pacientes sin acceso a atención médica, escasez de productos y una creciente sensación de incertidumbre. Los mayores perjudicados no son las élites enfrentadas por el poder. Son, una vez más, los más pobres.

Por eso resulta legítimo formular unas preguntas incómodas: ¿cuánto tiempo tomará desmontar esta estructura corporativa que colonizó el Estado durante dos décadas? ¿Cuántas generaciones serán necesarias para reconstruir instituciones, recuperar la confianza pública y restaurar una cultura democrática basada en ciudadanos y no en clientelas?

La experiencia histórica demuestra que destruir instituciones puede tomar pocos años. Reconstruirlas exige décadas.

El régimen masista no solo dejó una economía debilitada o una justicia deteriorada. Dejó una profunda deformación institucional y cultural cuyos efectos se manifiestan en la actualidad.

Por eso, cuando observamos la crisis de estos días no estamos viendo únicamente una disputa coyuntural por el poder. Estamos contemplando las consecuencias de un largo proceso de degradación política.

Y esa es precisamente la tragedia. El daño es tan profundo que tomará generaciones repararlo. Claro, si es que se pretende remediarlo. Si la convulsión de esta minoría organizada –ahí radica su fuerza– tiene resultados, sin exagerar, estaremos condenados.

La pregunta ya no es si estamos condenados. La verdadera pregunta es cuánto tiempo necesitaremos para dejar de estarlo.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la UMSS