Investigan a tribuno del TSJ por fraude electoral y extorsión
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados remitió al Ministerio Público la denuncia por presunto fraude electoral y extorsión contra el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, Carlos Alberto Egüez Añez, para que inicie las investigaciones y defina el inicio de un juicio de responsabilidades contra la autoridad judicial.
La presidenta de la mencionada comisión, la diputada Valeria Silva (MAS), confirmó el envío de la denuncia a la Fiscalía y aseguró que en cuanto reciban el primer informe se seguirá con el procedimiento que corresponda.
La denuncia contra Egüez fue presentada ante la ALP por la magistrada suplente por Beni, Mariana Montenegro Áñez, el pasado lunes.
La acusación señala que el magistrado Egüez, junto a su primo Rolfy Egüez y otro grupo de personas, el pasado 3 de diciembre de 2017, obligaron a una notaria electoral a cambiar las actas electorales de la comunidad de Misión Fátima, en la localidad de San Borja, para beneficiar su candidatura.
En el acto habrían participado funcionarios de esa Alcaldía y se sospecha que el acusado hizo lo mismo en otros recintos electorales. El cambio del acta hizo aparecer a Egüez con 127 votos a favor sobre 15 de Montenegro, cuando en el acta original, Montenegro venció con 77 votos sobre 15 de Egüez.
En el resultado final, Egüez sacó 23.986 votos (34,13%) frente a 23.952 que logró Montenegro (34,08%), es decir, una diferencia de 34 votos a favor de Egüez.
Montenegro explicó que una vez que Agüez ganó las elecciones y fue magistrado, hizo nombrar a su primo como jefe de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, desde donde extorsionó a empresas que buscaban contratos con el Órgano Judicial.
En un audio difundido en redes sociales, se escucha supuestamente a Rolfy Egüez y una funcionaria del TDJ hablando sobre contratos y mencionando al magistrado Carlos Egüez como el que acepta o rechaza a las empresas.
El pasado 14 de mayo, Rolfy Egüez renunció al cargo sin dar explicaciones, según datos de la prensa.
Consultada sobre el por qué recién presenta la denuncia si las elecciones fueron en 2017, Montenegro explicó que ya antes envió la denuncia ante la Fiscalía, pero ésta la rechazó porque no se tenía pruebas del cambio de las actas.
Estos elementos los consiguió recientemente, así como las declaraciones de la notaria electoral que fue víctima de presiones para alterar las actas.
Sobre la base del mencionado audio, el Consejo de la Magistratura inició la semana pasada una investigación para dilucidar si el magistrado Egüez cometió delitos.
El decano de este organismo, Omar Michel, dijo que se pidió una profunda investigación y que si es necesario serán parte querellante ante la Fiscalía.
El presidente del TS, José Antonio Revilla, explicó que la Unidad de Transparencia de este órgano también inició una investigación sobre los presuntos hechos de extorsión, pero aclaró que el tema de los delitos electorales debe ser resuelto por la ALP.
La diferencia de votos entre Carlos Egüez y Mariana Montenegro en las elecciones para el TSJ en Beni fue sólo de 34.
EL MAGISTRADO EGÜEZ RECHAZA ACUSACIONES
REDACCIÓN CENTRAL
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, negó ayer tener vínculos con funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que presuntamente realizaban cobros de sobornos a empresas adjudicatarias.
“Mi autoridad no ejerció ningún tipo de influencia en trámites administrativos en el Beni y mi función es estrictamente jurisdiccional”, dijo a los periodistas.
Egüez explicó que esa acusación en su contra se hizo mientras estaba en la Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre Derechos Sociales, Medio Ambiente y Justicia Social, que se realizó en el Vaticano.
“Se les recalcó una y mil veces a los jueces, funcionarios jurisdiccionales y administrativos que no se dejen influenciar, cuando usen el nombre de un magistrado”, agregó.
Egüez es investigado por cuatro instancias por los presuntos delitos de fraude electoral y extorsión.
