Seis gobiernos intentaron reformar la Policía, pero no lo consiguieron

Este lunes 24 de junio, la Policía Boliviana conmemora el 193 aniversario de su creación. Lo hace golpeada por bullados casos de corrupción, narcotráfico y contrabando, motivos por los que se planteó desde el Ministerio de Gobierno una nueva reforma policial. Se trataría del treceavo proyecto de reforma policial que se plantearon desde que se recuperó la democracia en Bolivia, en 1982.

Exjefes policiales identifican dos causas para el fracaso de las anunciadas reformas: intromisión política y el tema salarial.

Entre 1982 y 2003 se plantearon nueve procesos de reestructuración en cinco Gobiernos, según un recuento periodístico y el libro “Policía y democracia en Bolivia”·. Otros cuatro proyectos de transformación policial fueron impulsados por el actual Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entró al poder en 2006, y que también naufragaron.

Según datos: un proyecto de transformación en el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), tres en el de Jaime Paz Zamora (1989-1993), dos en los de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), dos en el de Hugo Banzer (1997-2001) y uno en el de Jorge Quiroga (2001-2002).

De los nueve procesos, seis se originaron en actos de corrupción (nexos con el narcotráfico, cobro de ítems fantasma, malversación de fondos de la mutual policial, reincorporación de policías dados de baja); los restantes tres tienen que ver más con hechos delictivos por parte de policías (el asalto a Prosegur por la banda del coronel Blas Valencia en 2001, maltrato y asesinatos en el centro de rehabilitación de Los Espejos (1986-1989) y el motín policial de febrero de 2003).

De los mencionados planeamientos, las más significativas fueron la de 1985 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía, tras arduos debates que datan desde 1981.

En 1992 (Paz Zamora), el gobierno mirista habló de cuatro grandes cambios: formación educativa, descentralización, asuntos internos y presupuesto. Ese año se avanzó en temas formativos, pero no se tocó la estructura ni se hicieron cambios profundos en la institución. El “Gallo” intentó otra reforma tras los “narcovínculos” de varios policías con droga.

En 1993 (primer Gobierno de Sánchez de Lozada), se apuntó a “cambiar la imagen represiva de la Policía hacia una más democrática”, de dividir claramente la institución en dos ramas: orden y seguridad, y tránsito e investigación. De las reformas, no prosperó ninguna y sólo se cambió algunos artículos de la ley.

En 1999, en reacción a la reincorporación de policías dados de baja, el presidente Banzer promulga un decreto supremo “que da vigencia al plan de reestructuración de la Policía”; destapado el caso Blas Valencia, se habla de “despolitizar” a la institución verde olivo, mejorar las áreas de recursos humanos, régimen disciplinario, capacitación de los policías y una reforma económica y financiera.

Tras la crisis de febrero de 2003 (cuando se enfrentaron policías y militares), se apunta a crear el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementar el número de efectivos y dotarles de equipo e infraestructura.

Sin embargo, algo que llama la atención es que en el periodo de la Asamblea Constituyente (2006-2008) tanto en el régimen de las Fuerzas Armadas como en el de la Policía, lo único que se hizo fue una copia de la anterior Constitución.

Régimen actual

Entre las más llamativas se puede mencionar a la pretendida reforma institucional Plan Punto Final promovida por el entonces comandante de la Policía, Óscar Nina, en 2010.

En esa ocasión, la Policía purgó a 429 de sus efectivos y mandó a la cárcel a 25 de sus agentes, que fueron considerados malos elementos que haciendo mal uso del uniforme se inmiscuyen en problemas de índole delincuencial y, en algunos casos, se comprometen con bandas de narcotraficantes o delincuencia común. Sin embargo, el mismo coronel Nina fue procesado por vínculos con el narco.

En 2011, tras el escándalo del exjefe antidroga René Sanabria, que fue detenido en Panamá por tráfico de cocaína, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, promovió una de las mayores reformas policiales: se le quitó la administración y recaudación de los trámites de identificación y de licencias de conducir, que eran fuente de corrupción, se desvinculó a varios policías con procesos, entre otros. Este hecho sobrevino en el motín policial de junio de 2012.

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, que estuvo al frente entre enero y mayo de 2015, intentaba ejecutar una nueva reforma. Mediante la misma se buscaba consolidar la rotación de cargos, viviendas fiscales para los policías y sus familias, inteligencia externa, entre otras medidas.

Sin embargo, su mandato en esa cartera fue muy corto debido a la fuga del peruano Martín Belaúnde, hecho por el que fue cambiado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, siguiendo la estela de reforma policial de Moldiz, presentó en 2015 un plan de reforma policial con cuatro pilares: especialización, desconcentración territorial, construcción de escuelas básicas y tecnología. No se avanzó en estos puntos, pero sí en la implementación de las cumbres de seguridad ciudadana, que dieron lineamientos de reforma policial.

5 hechos enlodan a Policía y activan 15 mecanismos

En la gestión 2019, cinco hechos de corrupción enlodaron a la institución policial, que se hundió en una de las peores crisis. Por ello, el Ministerio de Gobierno activó un plan de reforma policial (el cuarto en el Gobierno del MAS) que tiene 15 mecanismos.

Los hechos de corrupción de esta gestión policial son: el caso Unipol, por el ingreso fraudulento de más de 100 postulantes a la Academia de Policías, este hecho dejó al menos seis detenidos. También el caso del excomandante de la Policía de Oruro Rommerl Raña, detenido por ser parte de una red de contrabando y venta de destinos. Asimismo, el caso del chileno Sebastián “Cangri” Leyva, que murió en la frontera en un hecho que vinculó a cinco policías. Otro caso fue la violación de privadas de libertad en cárceles de oriente del país, que involucró a varios efectivos policiales. También, la vinculación del alto jefe policial de Santa Cruz, Gonzalo Medina, con el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro.

Ante este panorama, a fines del mes de mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, refirió que la reforma policial que encarará contempla 15 ejes que se aplicarán en tres fases: un examen toxicológico para verificar si los uniformados consumen drogas, la prueba del polígrafo y un estudio socioeconómico para establecer su patrimonio.

Entre los mecanismos de reforma están: evaluación integral de los servidores públicos policiales; asignación de puntaje ante información y/o denuncias de hechos de corrupción interna; creación de un sistema nacional de registro de personal de la Policía; creación del Departamento Nacional de Contrainteligencia; creación del sistema de registro de personas con mandamiento de aprehensión nacional y captura internacional, entre otros.

Otro punto fue la implementación de un programa de ética e integralidad en la Policía.

La intromisión política es la que daña a la Policía

El excomandante de la Policía Boliviana Oscar Ciro Farfán refiere que la intromisión política en la institución le está causando daño que se reflejan en los últimos hechos de corrupción denunciados desde violaciones, robo y extorsiones.

Recordó que la intromisión política hizo que Jorge Santiesteban accediera al grado de general y posterior nombramiento a comandante general de la Policía.

“Un político se toma la libertad meter su dardo en el informe, evaluación y calificación de los señores coroneles de la promoción 79. Jorge Santiesteban ocupaba el séptimo puesto para ascender a general. ¿Qué hace la parte política? Sale una resolución y lo habilitan al séptimo”, sostuvo.

Santiesteban fue procesado por el ingreso irregular a 54 cupos a la Academia Nacional de la Policía para negociar con un precio de 7 mil dólares por postulante.

Sin embargo, Farfán es un convencido de que una reestructuración en la Policía solucionaría las denuncias de corrupción. Dio tres cualidades para ser un buen profesional: honestidad, capacidad intelectual y vocación de servicio.

La principal reforma que deben hacer es la salarial

El exdirector de la Felcn (2013) Gonzalo Quezada afirmó que la solución a la Policía no pasa por el anuncio de una reforma, sino por mejorar los salarios, que, aunque en el último tiempo subieron, en relación a otras entidades, siguen siendo bajos.

“En realidad, lo que se requiere es el fortalecimiento, que es lo más importante, porque como algo que molesta bastante es que se habla tanto de reformas y contrarreformas, pero no se habla de mejoramiento salarial, que es lo fundamental. No ha habido en realidad; los sueldos y salarios son bajos”, dijo.

Sin embargo, explicó que hubo varios proyectos de reforma, especialmente para modificar la Ley Orgánica de la Policía, pero que en este momento no se puede debido a que la misión constitucional está vigente.

“En la última Cumbre de Seguridad Ciudadana, se ha dado a conocer los 15 puntos, nada más, y tanto los oficiales activos como pasivos estamos preocupados por qué clase de reformas pretenden introducir, porque a la fecha no hay una propuesta que se haya socializado y hay incertidumbre”, mencionó.