Investigación de la Defensoría identifica fallas en el control de buses interdepartamentales
La Defensoría del Pueblo realizó una investigación en la que identificó fallas en el control e inspecciones que debe realizar el Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Viceministerio de Transportes, además de contradicciones en la emisión de licencias e incumplimiento por parte de los operadores del servicio de transporte.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante la presentación del estudio manifestó que preocupa el aumento en los hechos y accidentes de tránsito. Durante el primer trimestre de 2019, que llegaron a 1.106, dejando 260 personas fallecidas y 1.556 heridas. En el 2018 cuando se reportaron 3.240 hechos de tránsito; 622 muertes y 4.059 heridos.
Entre los principales hallazgos durante la investigación defensorial, figuran fallas en el control realizado por el Organismo Operativo de Tránsito antes de autorizar la salida del bus y en las trancas; control de requisitos básicos omitiendo su obligación de revisar otros aspectos fundamentales relacionados al vehículo y al conductor, previstos en la norma; la acreditación de conductores y designación de “Pasajero Seguro” son los requisitos menos controlados; revisión incompleta de la documentación por parte de las oficinas de Tránsito.
Los operativos de Tránsito a nivel nacional no incluyen el control de la tarjeta de operación, el certificado de acreditación de conductores, el cumplimiento del rol de relevos, el control de alcoholemia, la visibilidad de la cabina, el transporte de carga en los asientos, y pasajeros en los pasillos, cabina o buzones, omitiendo el control de los operadores y conductores que prestan el servicio, así como la seguridad de los pasajeros.
En tanto, de los 46 buses verificados, 34 (74%) no contaban con conductores acreditados; de 42 operadores verificados, solo 5 (12%) tenían listas de conductores acreditados, lo cual da lugar a designaciones de conductores improvisados no idóneos.
En el control sobre el exceso de velocidad, la intervención defensorial evidenció que de los 46 buses verificados a nivel nacional, solo 24 (52%) contaban con algún tipo de dispositivo de control de velocidad y 22 (48%) no portaba ninguno.
“El hecho de tránsito ocurrido en el ruta a Apolo el pasado domingo, en el que murieron 15 personas y otras 20 quedaron heridas, luego que el bus en el que viajaban se embarrancara, muestra la realidad que preocupa a la Defensoría del Pueblo por la pérdida de vidas humanas, la situación de discapacidad de las personas heridas y el costo económico, porque afecta a las familias y al Estado”, manifestó la Defensora.
La investigación, realizada en febrero y marzo de este año, y plasmada en el Informe Defensorial “Seguridad vial como garantía del derecho a la vida en el transporte automotor público terrestre interdepartamental”, igualmente, evidenció que las principales causas de los accidentes son la imprudencia del conductor, exceso de velocidad, no acatar disposiciones de tránsito, conducir en estado de embriaguez, vía en mal estado y falla mecánica entre otros, "panorama ante el que propone modificar normativas y recomienda el cumplimiento de deberes legales de las instancias competentes en la seguridad vial", dice la Defensoría.
Ante esta realidad, la institución defensorial, como parte de sus conclusiones y determinaciones, sugiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Ley General de Transporte para incorporar el requisito obligatorio para que los buses de servicio de transporte interdepartamental cuenten con limitadores de velocidad calibrados a 100 Km/hora.
Asimismo, sugiere que el Servicio General de Licencias para Conducir (Segelic) modifique su Reglamento Técnico Operativo de Licencias para Conducir Vehículos Terrestres, para garantizar que los conductores tengan una antigüedad mínima de 5 años en cada categoría profesional y se cumpla la secuencia obligatoria de categoría a categoría como establece la norma.
