Fiscalía imputa a Arce y pide 3 meses de detención por el Fondo Indígena
La Fiscalía imputó ayer formalmente al expresidente Luis Arce y solicitó su detención preventiva por un periodo de tres meses en el penal de Qhalauma, en La Paz, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el Fondo Indígena; resta confirmar la hora de su audiencia cautelar en la que un juez definirá si lo envía a prisión o se defiende en libertad con medidas sustitutivas.
Arce fue aprehendido el miércoles cerca del mediodía y trasladado a dependencias policiales, donde permanece mientras se define su situación jurídica.
De acuerdo con el documento fiscal, el exmandatario es investigado en calidad de exministro, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y es señalado como el principal responsable de manejos irregulares en la administración del Fondo Indígena.
“Siendo un delito de orden público, se solicita la aplicación de la medida cautelar extrema de la detención preventiva (...) por el plazo de tres meses en el centro de reinserción Qhalauma (La Paz)”, señala la imputación presentada por el Ministerio Público.
La Fiscalía está investigando hechos que ocurrieron en 2009, cuando Arce era ministro de Economía y formaba parte del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido como Fondo Indígena. Este proceso está relacionado con un proyecto de producción de tomates en invernaderos que estaba destinado a 8 comunidades. Según el Ministerio Público, el proyecto solo alcanzó un 50% de ejecución La Fiscalía sostiene que la detención preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación preliminar y evitar riesgos procesales, mientras se recaban más elementos sobre las presuntas responsabilidades del exmandatario.
Hay indicios que complican la situación del expresidente, según el Ministerio Público, Entre ellos se revela la existencia de un acta de una reunión realizada en el año 2009 donde Arce anunciaba los montos disponibles para diversos proyectos y la posibilidad de realizar depósitos de dinero público en cuentas particulares, pese a que la ley financial lo prohíbe.
La Fiscalía señaló que en total hay siete investigados y se han emitido otras cinco órdenes de aprehensión, aunque no se han revelado los nombres para no entorpecer las investigaciones. Se habla de un daño económico al Estado que supera los Bs 900 millones.
Respecto a la reunión de Directorio del Fondo de 2009, el fiscal explicó que fue un encuentro realizado en Tarija, del cual existe el acta notariada donde se registra la participación de Arce como Ministro de Economía. En el acta se establece que Arce afirmó que existían 925 millones de bolivianos, los cuales ya estaban aprobados para proyectos en el 2010.
