Fiscal imputa a tres personas por el caso del CAR de Vinto
El exalcalde de Vinto Pacífico Otalora; el presidente del club Wilstermann y asesor de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Víctor Hugo López; y el expresidente de la FBF, Walter Castedo, fueron imputados por incumpliento de contrato por la fiscal Silvia Guzmán que lleva el caso de la demanda que inició la Alcaldía de Vinto en reclamo del derecho propietario sobre el que está construido el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
El abogado que lleva el caso por la parte demandante, Julio Torrico, explicó que se realizaron algunas reuniones para llegar a una solución entre las partes para que el proceso legal se detenga y el derecho propietario retorne a la Alcaldía de Vinto; pero debido a algunos inconvenientes no pudieron llegar a un acuerdo, por lo tanto, la demanda continúa.
Torrico explicó que la fiscal emitió el 23 de febrero la imputación formal en contra de las personas citadas por incumplimiento de contrato al comodato por los terrenos del CAR en 1999.
“Las tres personas están siendo notificadas por la imputación, para que después la jueza fije una audiencia cautelar donde se definirá la situación jurídica de los inculpados”, dijo Torrico, a tiempo de explicar que además de la imputación, la fiscal solicitó la detención preventiva de los tres acusados, pero aún no existe ningún mandamiento de aprensión ni nada por el estilo.
Recordemos que el 24 de mayo de 2011 la Alcaldía de Vinto inició una querella penal contra Pacífico Otalora, exalcalde de Vinto, y los siete miembros responsables de la Fundación CAR, cuatro por parte de la FBF, es decir: Walter Castedo Rivera, Víctor Hugo López, Mauricio Méndez Roca y Guillermo Bazoberry; tres por parte de la entonces Prefectura de Cochabamba, José Orias Aredondo, Ramón Daza Rivero, Leonardo Anaya Jaldín, además de More Galetovic, en condición de directora del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), asimismo a Gonzalo Terceros como alcalde de Cercado.
La querella contra Otalora es por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y omisión de denuncia; mientras que a los otros fue por incumplimiento de contrato y peculado. Sobre las otras personas que están dentro el proceso, pero que no tienen una imputación, Torrico señaló que están siendo investigados.
Torrico explicó que la demanda se basa en el hecho de que en 1999, mediante resolución municipal 48/99, la Alcaldía de Vinto le otorga el comodato de 11,5 hectáreas de terreno a la FBF por 50 años para la construcción del CAR. “Ese contrato de comodato es elevado a escritura pública el 4 de octubre de 1999, pero en 2002 la FBF incumpliendo el contrato de comodato inicia un trámite de saneamiento simple ante el INRA para que titule el terreno a nombre de la FBF. En 2005 la solicitud de saneamiento simple es cambiado para que titule a nombre de la Fundación CAR que estaba integrada en aquella época por cuatro miembros de la FBF y tres de la entonces prefectura”.
Es precisamente a estas siete personas que la Alcaldía de Vinto inició el proceso y la fiscal consideró que existe el delito.
