Mejor bueno que enorme y caro

Pocos días antes de que se desate la ofensiva de las cooperativas mineras, el Vicepresidente anunció que llevará adelante una cruenta batalla contra quien cuestione, observe o se atreva siquiera a preguntar sobre la realización del proyecto de construir represas en El Chepite y El Bala. Ratifica así la línea dictada por las principales autoridades durante sus 10 años del ejercicio del poder: quien no se someta y acate su voluntad sin rechistar  será tachado, anulado y perseguido.

Actuaron de esa manera ante conflictos como el de los pueblos del Tipnis que, pese al castigo recibido, no dejan de cuestionar su derecho a ser consultados frente a cualquier decisión que afecte su territorio; o ante el de los potosinos y más recientemente el de las personas con discapacidad. Tres momentos en que movilizaciones pacíficas fueron respondidas con violencia, represión y hostigamiento implacable.

Es muy distinta la manera en que se ubican ante las demandas corporativas de grupos que sustentan su poder, como el de los cooperativistas, ante quienes usualmente han retrocedido, satisfaciendo sus exigencias y condonando sus penalidades. La elevada cifra de heridos y arrestados que se registra ahora prueba, antes que nada, la agresividad de la movilización y la disminución de margen de maniobra gubernamental por la reducción de ingresos vigente. Episodios de esta naturaleza evidencian que la escasez de recursos, asociada a la presión corporativa, las contradicciones internas del MAS y la corrupción ampliada son las principales fuentes de socavamiento de su poder.

Cuando el Vicepresidente insulta y amenaza a quienes pedimos que se den explicaciones, o rindan cuentas, sobre las tremendas contrataciones ya realizadas, o en camino de realizarse (como ocurre con los más de 42.000 millones de bolivianos, que costarían, inicialmente, las represas en el noreste paceño) nos prueba cuán lejos está de entender el histórico error de haber conducido la reforma estatal hacia la edificación de un poder policorporativo, en sustitución del Estado plurinacional, y de cómo eso está estrechando la posibilidad de que se mantengan inalterados  sus hábitos de disponer gastos sin control.

Antes de acusar, el Presidente, su Vice, el Ministro de Energía y todos los demás involucrados en la adopción de decisiones están obligados a explicar por qué se está corriendo, atropellada y obstinadamente, a realizar la inversión más cuantiosa de nuestra historia, descartando sin consultas ni explicaciones la exploración de alternativas más económicas, más rentables y sustentables, en términos humanos, ambientales, económicos y financieros.

La inundación y devastación de grandes superficies de bosques tropicales acarrea consecuencias desastrosas en materia de destrucción de biodiversidad —que es, de lejos, el recurso estratégico más valioso con el que contamos— y de generación de gases más tóxicos que el CO2 en cuanto al calentamiento global, que está empeorando abrumadoramente las sequías que nos castigan. Es por ello necesario que quienes disponen de nuestras reservas y contraen deudas, que debemos pagar todos, asuman su obligación de explicar de dónde sacan la idea de que construyendo estos embalses se obtendrán los réditos que auguran en sus estimaciones cuantificadas, pero no explicadas; ahora, cuando el único beneficio indudable es que servirán para limpiar de sedimentos las aguas que llegan a las represas brasileñas de San Antonio y Jiraú, aumentando la vida útil de esas competidoras.

No basta que las inversiones sean enormes, deben ser verdadera y comprobadamente buenas. Hoy, verificamos que la enormidad gastada en San Buenaventura —en la zona de influencia de El Bala, precisamente— va camino a convertirse en un gran chasco porque no existe la suficiente caña para que funcione el tremendo ingenio allá construido, a tan alto precio y con tan escasa responsabilidad. Y lo mismo vale para otras inversiones en Rurrenabaque, también en la misma región. Para no repetir esas experiencias y multiplicarlas, están obligados a pensar, revisar, intercambiar —ideas, no descalificaciones— con cualquier organización o ciudadano que pregunte, observe y proponga alternativas para el uso de los recursos que nos pertenecen a todos.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.