Intentos de impedir el uso de represas vulnera derecho al agua
La aparición de tensiones a causa de la escasez de agua en Cochabamba primero por la disputa del caudal de la laguna Saytu K’ocha en Tiquipaya, luego por la apertura de la represa de La Angostura y finalmente por la propuesta de captar agua de la represa de Corani, revelan la vulneración del derecho constitucional y fundamental que tienen todas las personas de acceso al agua y la vida.
“Estamos en una situación de desborde. En una situación que está poniendo de manifiesto una suerte de conflicto latente presente desde la implementación de tres conceptos: autonomía, territorio y nación”, señaló el investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando Salazar.
El investigador aclaró que estos tres conceptos son “sumamente peligrosos” porque acarrean un alto grado de confrontación y radicalismos que pueden derivar incluso en “fanatismos” y más violencia.
Sobre la resistencia de los pobladores de Tolata y Arbieto para abrir las compuertas de la represa La Angostura, el investigador enfatizó: “Es un avasallamiento, abuso de autoridad e ilegalidad por parte de los municipios el querer regular un sistema que no les pertenece porque estos no invirtieron un centavo para su construcción ni mantenimiento y operación”.
Explicó que ningún municipio próximo a la represa invirtió “un peso” en la cubeta de agua. Los recursos fueron asumidos por todos los cochabambinos, el Estado y los usuarios del sistema de riego de La Angostura. Estos últimos cubren, desde los años 60, la autogestión de la presa para el cultivo de maíz y forraje.
Lamentó que “en nombre del turismo y la industria de la pesca” se recurra a estas prácticas. Respecto a Corani, cuestionó que la Alcaldía de Colomi defienda la producción de energía eléctrica. Además cuando Cochabamba definía la ejecución de Misicuni versus Corani en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Colomi “nunca dijo nada”.
LA AAPS REGULARÁ A LAS CISTERNAS
A través de una resolución administrativa regulatoria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), controlará y regularizará la fuente de agua, además del precio y la calidad de líquido que distribuyen las cisternas que operan en la ciudad, informó el titular del ente nacional, Benecio Quispe.
“Hay un preacuerdo donde sí o sí se tiene que tomar el control y la regulación de esta prestación de servicio no muy común que, por situación de la incapacidad de Semapa, prestan servicio”, señaló.
La regularización contempla la fuente, calidad, volúmenes, y distribución del agua. Además del precio máximo y mínimo del servicio. Sin embargo, el control será temporal y regirá por el tiempo de ejecución del plan de emergencia de Semapa.
Asimismo realizarán un catastro de fuentes de agua y un censo de las cisternas.
EN LA ANGOSTURA PRIMAN INTERESES ECONÓMICOS
Sobre la resistencia de los pobladores de Tolata y Arbieto para abrir las compuertas de la represa La Angostura, el investigador enfatizó: “Es un avasallamiento, abuso de autoridad e ilegalidad por parte de los municipios el querer regular un sistema que no les pertenece porque no invirtieron un centavo para su construcción ni mantenimiento.
Explicó que ningún municipio próximo a la represa invirtió “un peso”. Los recursos fueron asumidos por los cochabambinos, el Estado y los usuarios del sistema de riego. Estos últimos cubren desde los años 60 la autogestión de la presa para producir maíz, cereales y forraje. Lamentó que “en nombre del turismo y pesca” se recurra a estas prácticas.
