La pospuesta reforma de la justicia boliviana

Desde la aprobación de la nueva Constitución en 2009, tenemos pendiente una inevitable reforma del sistema judicial en el país. No es que la Constitución obligue a una reforma, pero con el reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina la Constitución planteó un desafío a la actual estructura del sistema judicial en el país, al que se le quiso dar respuesta con la Ley Nº 73 de Deslinde Jurisdiccional promulgada en diciembre de 2010.

Sin embargo, éste no es el verdadero desafío de la justicia boliviana, porque el problema de la justicia en Bolivia no era y sigue sin ser un simple problema de jurisdicciones.

Seis años después, estamos en las previas de la realización de una Cumbre Judicial en el país que el Estado está organizando y postergando desde hace meses para buscar respuesta a las mismas preguntas que se planteaban antes de la promulgación de la Constitución y antes de eso también. Estas son las mismas preguntas y cuestionamientos que la sociedad boliviana tiene sobre el ejercicio de justicia en el país y que, a falta de conocimiento e instrumentos técnicos para plantearlos, se resumen en una frase que todos conocemos: “en Bolivia no hay justicia”.

Aunque un tanto injusta con los avances del sistema judicial en los últimos años, esta frase expresa una percepción generalizada en el país de que el sistema judicial no funciona (no es efectivo) porque “no se hace justicia”. Las encuestas de opinión pública del Foro Regional y de Lapop realizadas en los últimos cinco años confirman al menos dos criterios más específicos de esta percepción: la población tiene muy poca confianza en las instituciones del sistema judicial porque perciben corrupción y porque desconfían de que el objetivo último de éstas sea precisamente hacer justicia. Como resultado, las encuestas muestran que estamos reduciendo nuestra confianza en que el sistema judicial garantiza nuestro derecho ciudadano al acceso a la justicia y estamos reduciendo nuestra creencia en la justicia como principio de relacionamiento entre el Estado y la sociedad.

Esta reducción de confianza no es injustificada. El sistema judicial boliviano adolece de varias insuficiencias: la retardación de justicia, la corrupción y la mercantilización de la justicia, la insuficiencia de personal debidamente calificado, la insuficiencia de cobertura en todo el territorio nacional garantizando el acceso igualitario a la justicia y la alarmante insuficiencia de asignación presupuestaria al sistema judicial (el presupuesto anual del sistema judicial alcanza apenas a un 0,3 por ciento del presupuesto general anual) son algunos de los más conocidos y que requieren respuestas inmediatas.

Sin embargo, hay otras insuficiencias que la Cumbre Judicial también debería tomar en cuenta de los cuales quiero resaltar uno: la justicia no es solamente un asunto de procedimiento, sino fundamentalmente un asunto de valores, de derechos y de principios.

Partiendo de este entendido y si pretendemos una reforma integral del sistema judicial la Cumbre Judicial debería constituir una oportunidad y ser un espacio amplio de debate y propuestas que incluya la cooperación de diferentes sectores de la sociedad (incluyendo a profesionales y expertos) y no solamente a los operadores de justicia. Antes que más leyes y castigos más duros, la justicia boliviana necesita en este momento un diálogo más amplio y más abierto.

La autora es socióloga, Ph.D. en Ciencia Política. Coordinadora de Investigación Social en Ciudadanía.