Peligros de la mala información
Lo que los Obispos han hecho es sistematizar los fenómenos del narcotráfico y la drogadicción, y proponer acciones para enfrentar la cadena en sus diversos eslabones
En nuestro editorial del sábado al comentar la “Carta Pastoral sobre narcotráfico y drogadicción. Hoy pongo ante Ti la vida o la muerte” difundida por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresábamos que las autoridades deberían reaccionar con madurez ante su contenido y aprovecharlo para impulsar un diálogo con la sociedad sobre la manera de enfrentar el problema.
Lamentablemente, no ha sucedido así. Las autoridades han optado por mantener el estilo de atacar y descalificar. Lo que no era posible prever es que el Presidente del Estado haya recibido una información falseada de dicho documento, como se puede desprender de sus declaraciones, tratando de achacar a la jerarquía eclesiástica intenciones cuasi conspirativas y conminar en forma desconsiderada a que los Obispos identifiquen qué funcionario de su Gobierno es narcotraficante.
Como señalamos en nuestro editorial del sábado, esta Carta Pastoral es una oportuna exhortación a involucrarnos en las tareas de combatir la cadena del narcotráfico que va desde la producción de drogas ilegales hasta su comercialización, reconociendo, por lo demás, los esfuerzos que hace el Estado en ese sentido. Asimismo, los Obispos son claros al sostener que el narcotráfico ha penetrado las estructuras del Estado, la economía, la sociedad y la cultura, y lo hace corrosivamente.
En ese contexto, ¿pedir pruebas a los Obispos de sus afirmaciones? Una premisa básica de gobernanza es que las autoridades de gobierno sean debidamente informadas de lo que sucede en el país y, en este complejo tema, el Presidente debería, por ejemplo, estar informado del número de comandantes, generales, jefes, oficiales y suboficiales de la Policía Boliviana que han sido o son procesados por vínculos con el narcotráfico o de la cantidad de jueces y fiscales que han sido acusados por favorecer a presuntos narcotraficantes o la cantidad de coca que ilegalmente se destina a la elaboración de drogas ilegales.
Asimismo, el Presidente y sus colaboradores deberían conocer los mecanismos que se usan para “lavar” el dinero proveniente del narcotráfico y cómo afecta a la economía nacional, y al incremento desmesurado del consumismo de quienes participan directa e indirectamente en este ilegal negocio.
También deberían recordar declaraciones oficiales en sentido de que es casi imposible controlar el tráfico ilegal de avionetas procedentes de Perú y con destino a Brasil, trasportando droga ilegal, por lo que se han suscrito acuerdos de control entre Bolivia, Perú y Brasil para mejorar el control de tráfico por las fronteras.
Hay que agregar el aumento sostenido de niños que consumen droga y que se los puede ver en todas las ciudades del país o las denuncias oficiales sobre cómo muchas cárceles se han convertido en centros de distribución de droga ilegal.
En este contexto, si es cierta la afirmación presidencial de que él es el único que manda en el país, lo menos que se debe exigir es que sea bien informado para que sus decisiones sean correctas.
En fin, lo que los Obispos han hecho, reiteramos, es sistematizar los fenómenos del narcotráfico y la drogadicción, y proponer acciones (con las que se puede o no estar de acuerdo) dirigidas a que la sociedad y el Estado se comprometan a enfrentar la cadena del narcotráfico en sus diversos eslabones con “esperanza y compromiso”.
