Juez determina arraigo y fianza de Bs 80.000 para Rubén Costas
Pablo Vargas, juez Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, determinó hoy el arraigo del gobernador Rubén Costas en el caso de la compra de 40 camionetas para atender los desastres naturales de la gestión 2007. La autoridad también deberá pagar una fianza de 80.000 bolivianos y presentarse cada 20 días ante el Ministerio Público.
La decisión del juez también abarca a cuatro colaboradores y exfuncionarios.
Tras conocer la decisión, Costas acusó al Gobierno de estar armando juicios en su contra para ponerle una cortina de humo a la corrupción en el Fondo Indígena y al presunto tráfico de influencias en el caso Camce.
"No nos usen para tapar los verdaderos hechos de corrupción, para poner cortinas de humo de lo que está sucediendo en Bolivia. Todo el mundo ya se olvidó del Fondo Indígena y del tráfico de influencias (...) Se viene una sarta de juicios, yo lo anuncié. Les dije que era cuestión de tiempo y que esto era la cronología de una muerte anunciada", manifestó.
La comisión de fiscales argumentó que los motorizados no fueron contemplados en el Programa Anual de Operaciones de la Gobernación y que tampoco fueron registrados como un activo fijo. La Procuraduría (parte denunciante) respaldó la imputación y manifestó que no hubo licitación para la compra de las 40 camionetas. Indicó que el dinero utilizado fue de Seguridad Ciudadana, lo que considera una malversación de fondos.
La defensa remarcó que entre 2006 y 2007 el país sufrió una de las peores emergencias por causas de fenómenos naturales, llegando hasta desastres, lo que afectó a 14 de 15 provincias. También dijo que el convenio que se firmó con el PNUD, para la atención de las emergencias por desastres naturales, se enmarca en el acuerdo firmado por este organismo internacional con el Gobierno.
Respecto al arraigo, Costas aseguró que es una medida innecesaria porque él está arraigado por el pueblo cruceño. "Qué vienen a mí a arraigarme, no me voy a ir nunca del país", señaló.
Durante la audiencia se pudo advertir la presencia del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien calificó como "una venganza política", la persecución judicial contra Costas.
