Privatizar las cárceles

La realidad nos demuestra que el sistema penitenciario en manos del Estado es un rotundo fracaso, las cárceles en manos de la Policía Nacional en realidad están controladas y administradas por bandas criminales gobernadas por líderes extremadamente violentos que siembran terror para hacerse del control de las penitenciarias.

Este sistema perverso de manejar la política criminológica involucra al Estado y crea un caldo de cultivo de corrupción de abogados, jueces, gobernadores de cárcel, policías, directores de régimen penitenciario, trabajadores sociales, etc., quienes se benefician directa o indirectamente de extorsiones, amenazas, violaciones sexuales, agresiones, robos, cobros indebidos, que suceden dentro de los muros con la complicidad de propios y extraños. Por eso, existen sanguinarias luchas entre bandos enemigos por el control de la mafia que existe a vista y paciencia de todos.

La inadecuada infraestructura carcelaria provoca hacinamiento, los “seguros de vida” para evitar abusos, violaciones o muerte, la dependencia económica de los familiares, bajo presupuesto para las penitenciarías, provoca que los reos busquen formas de supervivencia que terminan en más delincuencia como medio de vida.

En el sistema estatal, las víctimas de asesinato no son indemnizadas cuando quien muere es el proveedor, por ejemplo, ni las víctimas de robo recuperan lo robado, pierden doblemente, cuando siendo contribuyentes tienen que mantener al delincuente en prisión.

Por eso, sostengo que mientras el Estado y sus policías administren las cárceles, el panorama no cambiará de manera positiva, sólo cambian actores hasta que se enfríen los detonantes. Entonces, planteo que la administración pase a manos de empresas privadas especializadas que sean responsables civil y penalmente de dicha administración frente a la sociedad.

La privatización de las cárceles, es decir, entregar concesiones para que sean empresas especializadas las que construyan y operen los nuevos penales sin duda es un desafío e implica un plan complejo, pero después de reconocer un fracaso, se deben ensayar nuevas alternativas que están siendo implementadas con éxito en otras partes del mundo.

La privatización de cárceles se da por medio de dos maneras: una es la concesión plena que incluye administración y seguridad, mientras que la otra no incluye este último aspecto que se reserva a la policía estatal. En los años 90, fueron los ingleses quienes pusieron en práctica el sistema privado y ahora es una moda que se expande por todo el mundo, desde Australia hasta Chile en el ámbito regional.

Este sistema se refuerza con la forma japonesa de reinserción del delincuente, quien tiene que ser productivo para cumplir su condena. En Latinoamérica, las cárceles son universidades del delito donde las personas aprenden formas más sofisticadas de delinquir, en Japón cada preso tiene que pagar su sustento por medio de trabajo honesto, capacidad y esfuerzo; no sólo paga su alimento, también debe resarcir el daño civil y económico cometido; si ha robado, restituir el bien, si ha asesinado, pagar una indemnización a las víctimas, el trabajo hace pensar a los delincuentes que es mejor producir en libertad que producir tras las rejas, y los contribuyentes están aliviados de no estar fomentando la vida parasitaria. Como dice Mayo Von Höltz , robar no sólo es inmoral en Japón, es improductivo, no conviene, por eso, Japón es uno de los países que tiene menos cantidad de presos en relación a habitantes honrados.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).