Un enojo de 7.000 millones de dólares

Tuerce el gesto, mira chueco, descalifica, pero no responde. No es la escena de una mala película (¿o sí?), sino la reiteración de lo que hacen altos funcionarios bolivianos cuando una pregunta, una petición, una demanda les perturba, irrita o desconcierta. El protagonista es, esta vez, el ministro de Energía quien, ante el sencillo recordatorio que le hace la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de que el Ejecutivo tiene la obligación de publicar un informe sobre algo que nos afecta y concierne a todos, ataca al firmante de la petición y no dice una sola palabra sobre el requerimiento.

La carta de la UMSA, del 18 de marzo y dirigida al Presidente, recuerda que desde hace dos años el jefe de Estado anuncia como gran avance del país, y como la mayor obra de su administración, los estudios, hoy, y la construcción, mañana, de un complejo hidroeléctrico, Chepete/Bala, que tendría el fabuloso costo –mínimo– de 7.000 millones de dólares, es decir, cerca de 50.000 millones de bolivianos, al cambio actual.

El primer estudio, entregado por la consultora Geodata en 2016, pero guardado bajo siete, o siete mil llaves por el Ejecutivo, se filtró al público ese mismo año y en la ficha ambiental y el estudio de perfil de proyecto se describe un gigantesco embalse, con una altura de un edificio de unos 52 pisos (158 metros), sobre el río Beni, a la altura de la serranía del Chepete, que detendría las aguas del segundo río más caudaloso del país para generar una potencia de 3.300 megawatts (un 50% más de lo que el país demanda en la actualidad), para reforzarse, 20 años después de que se construya el Chepete, con otro embalse de menor costo y potencia en el estrecho de El Bala.

La carta de la UMSA recuerda que fue el presidente Morales en persona quien encendió una esperanza, hace ya dos años, cuando anunció que tan enorme proyecto rendiría 1.250 millones de dólares por año cuando se hubiese construido. Pero resulta que, de acuerdo con el secreto estudio gubernamental en que la universidad basa sus observaciones, se consigna que si alguna vez hubiese ganancias serían menos de la mitad de lo anunciado. Además, lo dice la UMSA y la experiencia mundial en materia de megarepresas, a un costo invalorable en materia de daños a pueblos, comunidades y a una enorme cuenca cuya afectación repercutiría sobre todo el país y la región amazónica en su conjunto.

El Ministro no dice ni chus ni mus sobre estas cuestiones y trata de cubrir su falta de respuestas calificando de “política” a la petición universitaria de que la información sobre semejante proyecto deje de ser secreto de guerra.

No dice –y nadie le pregunta cuando declara– por qué, si el proyecto es tan sensacional, sólo lo conoce una parte del Gobierno, mientras su bancada lo ignora completamente. ¿Por qué el estudio de Geodata, entregado hace dos años, no es ampliamente difundido? ¿Por qué nada sabemos de sus ventajas y riesgos, los bolivianos y bolivianas que pagaremos hasta el último centavo la deuda que se contraiga para construirlo, mientras el Presidente nos ha informado en enero de este año que, igual que la carretera del Tipnis, el Chepete/Bala se realizará “quieran o no quieran”? ¿Qué se tapa? ¿Qué se oculta?

La represa del Chepete que, de acuerdo con la experiencia nacional y mundial en obras públicas aumentará su costo y su plazo de construcción, es parte de la columna vertebral del programa de reelección llamado “Agenda 2025”, del que no habla la oposición partidista y que está relegado de la atención mediática, aunque está cada vez más claro que se trata de un programa de endeudamiento, devastación ambiental, opresión social y desmantelamiento democrático.

Las preguntas y demandas de la UMSA nos recuerdan que los gobernantes deben publicar el estudio ya entregado y el de “Proyecto a diseño final” que Geodata entregaría este mes y que están obligados a realizar la más amplia difusión, análisis y debate sobre este y cualquier otro proyecto que comprometa nuestro futuro. Hacer que cumplan su deber y obligación es una tarea de todas las organizaciones y colectivos, de la sociedad en su conjunto, tan importante, vital e impostergable como el respeto de la Constitución y la soberanía popular.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.