Que vuelvan los humildes burros

El año 1992, en el municipio de Cochabamba estalló una aguda crisis política e institucional, auspiciada por el MNR, ADN, UCS y el MBL, que provocó el cambio de tres alcaldes en menos de seis meses, hubo días en que el despacho edil tuvo dos burgomaestres, uno apoltronado en el sillón y el otro parado a su ladito, ambos sacrificándose por atender los asuntos de la cochabambinidad. Esta crisis que duró casi todo el año 92, provocó tal bronca en los cochabambinos que reunidos en cabildo en la plaza principal, decidieron expulsar a todos los concejales (sus efigies), montados en el lomo de unos humildes burros traídos de ch’ampa rancho o más allá. Pobres animalitos (los burros) que tuvieron el  deshonor de cargar en sus espinazos a semejantes bestias (los concejales).

¿A qué viene esta jumenta introducción?, pues simplemente a lo que viene ocurriendo en los municipios de Quillacollo y el Cercado de nuestra ciudad, en los cuales sus titulares enfrentan una serie de procesos judiciales que los tienen alejados de los cargos para los cuales fueron elegidos. No me voy a referir a si son culpables o inocentes, definir ello le corresponde al sistema judicial (policías, fiscales y jueces), y mientras más pronto los resuelvan mejor para todos, especialmente para los votantes, que por un lado, tenemos que bancarnos alcaldes por los que no votamos y por el otro, veamos municipios con proyectos paralizados.

A quienes quiero referirme en esta nota es a los provocadores de las crisis en ambos municipios,  aquellos personajes, la mayoría desconocidos, que a sombra del candidato a Alcalde terminaron instalándose en el Concejo Municipal, y no hacen otra cosa que apoyar en forma obsecuente las decisiones del burgomaestre (los oficialistas), o sabotear descaradamente la gestión edil hasta embromarla en la primera oportunidad (los opositores).

En Cochabamba, las acusaciones que pesan contra el alcalde, su entorno familiar y su grupo palaciego, no son asuntos menores, de confirmarse estaríamos hablando de  una organización criminal enquistada en el municipio desde tiempos de la crisis del 92, dedicada a enriquecerse a costa de los cochabambinos. Muchos de los ilícitos no se habrían cometido si los concejales cumplieran su rol de fiscalización en forma eficiente. Es inconcebible que irregularidades como las de las mochilas o el desayuno escolar no hayan sido detectadas y denunciadas a tiempo.

En el caso de Quillacollo, además del juicio por la libreta militar del Alcalde, existen más de 30 procesos en su contra, de los cuales, algunos tienen piso factico, normativo y probatorio, que no hubieran ocurrido si los concejales realizaran su trabajo de fiscalización en forma diligente y oportuna.

En ambos casos, da la impresión que los concejales se hicieron ciegos, sordos y mudos y dejaron pasar las irregularidades hasta que los supuestos delitos estuvieron consumados, y como no fueron denunciados en su tiempo, en el ejecutivo pensaron que nadie se dio cuenta de sus trapisondas y le siguieron metiendo nomás. De un día para otro, ambos burgomaestres están suspendidos de sus cargos y ven su libertad amenazada.

¿A dónde voy? Primero, no solo se trata de juzgar y encarcelar a los alcaldes presuntamente corruptos; segundo, hay intereses políticos muy claros para sacar a esos alcaldes de sus cargos, y de éstos, de no ceder esas plazas de cara a las elecciones del 2009; tercero, si se establecen responsabilidades para los Alcaldes, debieran haberlas también para todos aquellos concejales que no hicieron su trabajo a tiempo y prefirieron jugar al triste cálculo político.

En ambos casos (Quillacollo y Cochabamba), Alcaldes (electos e interinos) y concejales, se están arriesgando a que la población cansada de tanto manoseo se autoconvoque y termine sacándolos a todos a “Jait’asos”, y en lomo de bestia. No vaya a ser la hora de que vuelvan los humildes burros.

El autor es cochabambino y devoto de la mamita de Urkupiña.