Regulación de redes sociales y libertad de expresión, ¿polos opuestos?

Cada cierto tiempo vemos a distintos representantes del oficialismo dar declaraciones que denotan el profundo fastidio que tiene el actual régimen de gobierno en contra de la libertad de expresión garantizada en la CPE, por un lado proponiendo “actualizar” la Ley de Imprenta y por otro, buscando regular las redes sociales. Un evidente miedo a la información libre.

Son varios países los que han aprobado leyes que regulan las redes sociales para combatir los problemas que estas acarrean, tales como la proliferación viral de noticias falsas (fake news), ciberacoso, fraude financiero por internet, publicación de vídeos íntimos por venganza (“pornovenganza”) y el ensañado linchamiento digital amparado en el aparente anonimato que brinda el internet. Razones válidas y muy legítimas, porque es cierto que las redes sociales están llenas de este tipo de “elementos”. Pero en el caso boliviano, es evidente que las intenciones de regulación no son para combatir estos problemas, sino simple y llanamente servir como una “nueva ley mordaza”.

Dependiendo del país, el grado de control de las publicaciones y contenido de las redes sociales varía en su rigidez, y las regulaciones que aplican se pueden dividir en dos categorías: las que monitorean los contenidos y las que restringen el acceso del todo. Entre los países que monitorean los contenidos que se publican en redes sociales amparados en ley, figuran Alemania, donde en 2017 se aprobó una ley que castiga los discursos de odio. Francia va un paso más allá y se propone asignar responsabilidad legal a las propias redes sociales si estas permiten alojar contenidos como la xenofobia y el racismo.

En otros países las redes sociales son mucho menos toleradas y sus gobiernos han tomado medidas para restringirlas, cuando no suprimirlas del todo. Países musulmanes como Irán, Libia, Túnez, Turquía y Turkmenistán, han eliminado el acceso de sus internautas a la plataforma YouTube, como también lo han hecho países socialistas como China. Twitter ha sido bloqueado en países como Emiratos Árabes, China o Pakistán, mientras que a Facebook le han hecho lo mismo en Malasia, Siria, Uzbekistán, Bangladesh y Vietnam, además de los ya mencionados China, Pakistán e Irán.

Más cerca de Bolivia, destaca el caso de Brasil, donde una sentencia judicial bloqueó en 2007 el acceso a YouTube durante una semana, y en 2016 millones de brasileños quedaron sin acceso a WhatsApp por 72 horas después de que un juez a cargo de una causa de narcotráfico ordenara bloquear esa aplicación de mensajería instantánea. En Ecuador, una de las últimas propuestas del expresidente Rafael Correa antes de dejar el poder fue precisamente una ley para regular los contenidos de las redes sociales.

El problema es transversal en todo el mundo. Si bien las propias plataformas de redes sociales ofrecen herramientas tales como botones de denuncia y para reportar publicaciones, es claro que nada de ello es suficiente. El Congreso de Estados Unidos no sabe cómo evitar el efecto negativo de las noticias falsas en redes sociales. Tampoco los europeos. Facebook mismo, Twitter y Google tampoco saben qué hacer. Twitter borra cada cierto tiempo miles y miles de cuentas falsas. Google tiene rato tratando de controlar el contenido que se publica en YouTube, sin mucho éxito.

El debate está servido, si bien es necesario poner algún tipo de regulación para combatir los ciberdelitos, ello de ningún modo debería poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, uno de los pilares de la democracia. Conseguir aquel equilibrio es quizá el primer gran problema a nivel global que deberá ser resuelto por nuestra generación.

El autor es ingeniero y docente universitario.