¿Y ahora quién podrá defendernos?

Hace unos días una trama amorosa al estilo de las novelas mexicanas ocupó nuestra atención, pues una vez más, el entonces Defensor del Pueblo David Tezanos llamó a conferencia de prensa para aclarar a la población los problemas “de amor y desamor” por los que atravesaba.

Da pena que un sitial como la Defensoría del Pueblo, que en esencia se creó para defender los derechos y que éstos se cumplan especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos, haya caído tan bajo.

En Bolivia, esta instancia fue creada por ley en 1997. En esencia, esta figura tiene que tener ante todo un requisito: el de guardar independencia del Gobierno pues, ante todo, de lo que se trata es de defender a la sociedad civil de una serie de abusos que comete el Estado, a propósito o por omisión. Por tanto, su esencia es defendernos de los poderosos.

Aunque suene paradójico, fue durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez que se eligió a la primera defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, una mujer intachable, que dio la talla a tan importante cargo.

Entre 2003 a 2008, postulado por organizaciones de base, Waldo Albarracín desempeñó el cargo de Defensor del Pueblo. Y luego le siguió Rolando Villena, que también desempeñó un papel crucial especialmente en el conflicto del Tipnis y concretamente en la represión sufrida por los indígenas marchistas en Chaparina.

Después de haber tenido personas íntegras que respondieron a las exigencias de la Defensoría del Pueblo, y cumplieron sus funciones siguiendo el espíritu de la misma, en mayo de 2016, en el Congreso, el partido de gobierno nombra como Defensor del Pueblo a David Tezanos. A los pocos meses le toca enfrentar el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes en manos de los cooperativistas mineros, y el conflicto del Gobierno con los discapacitados. Su accionar fue criticado precisamente porque se esperaba que estuviese del lado de los desfavorecidos, y encarando de manera proba el conflicto.

En estos dos años como Defensor del Pueblo, extrañamos a esta autoridad en el caso de injusticia sufrido por el médico Jhiery Fernández, tampoco se pronunció sobre el informe que dio la Comisión del Tribunal Internacional de la Naturaleza, sobre el caso Tipnis, que concluye que se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco hizo mucho respecto a los enfermos de cáncer que hace unos meses se pronunciaron demandando atención de parte del Estado y, en las últimas semanas, guardó silencio respecto a las injusticias cometidas contra el ciudadano italiano recientemente deportado. En fin, en situaciones respecto a las cuales debía pronunciarse, no lo hizo.

Si el pueblo no puede elegir a su Defensor nos viene la pregunta: ¿Y ahora quién podrá defendernos (de verdad)?

La autora es socióloga y antropóloga