Intervención médica en caso de niña que sufrió violación causa polémica
El caso de la interrupción de un embarazo de 26 semanas a una menor de 14 años que sufrió violación en Santa Cruz, que se convirtió en un parto prematuro, abrió un dilema entre la objeción de conciencia médica, el Código Niño, Niña y Adolescente, y la Sentencia Constitucional 0206/2014, que no fija una edad gestacional para interrumpirlo.
El caso se conoció ayer, pese a que se produjo hace una semana. Una vez realizada la práctica médica, el bebé sobrevivió a la intervención y nació prematuro con un peso de un kilo y cien gramos. Ahora se encuentra en incubadora en el área de terapia intensiva con un diagnóstico reservado.
El director de la maternidad Percy Boland, Federico Urquizo, informó que la acción médica se efectuó tras valorar la denuncia por violación hecha por la adolescente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la Fiscalía, el consentimiento informado de la familia y el informe psicológico considerando que la menor intentó autoeliminarse.
La familia informó que se enteraron del embarazo cuando la menor tenía 20 semanas. El autor del delito —que ya fue denunciado— sería el dueño de un restaurante en el que ella trabajaba medio tiempo.
Urquizo señaló que el día en el que la menor acudió al materno, tenía 26 semanas de gestación. Los cuatro médicos de turno se negaron a realizar el procedimiento, amparados en la objeción de conciencia (establecido en la ley), observando el avance del embarazo y sus posibles complicaciones.
El artículo 266 del Código Penal indica que cuando el embarazo es producto del delito de violación, estupro o incesto, y pone en riesgo la vida y la salud de la mujer (niña, adolescente o joven), la persona encinta puede recurrir a un aborto legal sin grandes complicaciones de trámite. La Sentencia Constitucional 0206/2014 señala que no será exigible una orden judicial y tampoco fija límites en la edad gestacional para la interrupción.
Polémica
El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que “es inconcebible que se ‘interrumpa’ un embarazo a más de seis meses de gestación. Ahora es deber de los médicos y del Estado defender la vida de un ser humano vivo y titular de derechos. Es necesaria mayor regulación jurídica o jurisprudencial del tema”.
En la misma línea, la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Rossi Valencia, dijo que la institución velará por los derechos de la niña de 14 años, pero también de los del bebé prematuro.
“El Estado debe abordar y resolver este conflicto de leyes que existe o cambiar el Código Niño, Niña y Adolescente. En su artículo 5, habla de sujetos de derechos (…) los seres humanos hasta los 18 años cumplidos en las etapas de desarrollo desde la concepción”, dijo.
“Defenderemos la vida de la bebé y de la víctima de violación. Les apoyaremos en lo que necesiten”
DATOS
Defensoría presenta denuncia ante la Fiscalía. La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Rossi Valencia, informó que presentará denuncia por la vulneración de derechos del bebé recién nacido.
Fiscal observa “mal procedimiento”. El fiscal de Santa Cruz, Mirael Salguiero, señaló ayer que el parámetro para la interrupción de embarazo —aunque no está bien establecido— es hasta los dos meses. “En este caso, siete ya puede nacer un bebé prematuro, incluso a los seis meses”, dijo.
La familia de la víctima no quiere al bebé. “Mi hermana no quiere saber del bebé. Nosotros como familia tampoco”, dijo la hermana de la víctima.
