Seis meses entre responsabilidad e intereses políticos
Después de la renuncia impensada y la posterior huida de Evo Morales y Álvaro García, así como de la dimisión de los presidentes de las cámaras legislativas Adriana Salvatierra y Víctor Borda –en medio del caos que reinaba en el país– el 12 de noviembre de 2019 asumió la presidencia del Estado la senadora Jeanine Áñez Chávez, con la función principal de apaciguar el país y llevar adelante nuevas elecciones generales.
Sin embargo, de manera sorpresiva, el 24 de enero de este año, anuncia que será candidata por una alianza política con Samuel Doria Medina, dejando a un lado la responsabilidad presidencial que había asumido para convertirse en una candidata con intereses, lo que lleva a su gobierno a cometer una serie de desaciertos en la administración del Estado.
La Presidenta apela a la fe y al uso de símbolos religiosos como parte de su gestión. Aconteció en noviembre de 2019, marzo y abril de este año, entreviendo al Estado como una entidad teológica, lo cual no es correcto.
El Gobierno ordena aprehender a ciudadanos que, a través de las redes sociales, difunden noticias, los acusa y encarcela como si fuera delito decir que un gobierno es tirano o dictador, desconociendo la garantía de la libertad de expresión. Los ciudadanos tenemos derecho a pensar diferente porque ni la Presidenta ni sus ministros son dueños de la democracia ni de la revolución ciudadana de los 21 días de 2019.
Los ministros de Gobierno y de la Presidencia, en plena emergencia sanitaria, dan versiones disímiles sobre el uso de aeronaves de la FAB y traslados de amistades de la Presidenta al cumpleaños de su hija. Ambos dicen que fueron por temas humanitarios, lo que pone en evidencia que no saben diferenciar entre lo público y privado. Por ética ambos deberían renunciar. Como abogado, sostengo que de oficio debería actuar el Ministerio Público porque el uso indebido de bienes del Estado es un delito.
Decir que la Presidenta del Senado no puede promulgar leyes, es una burda afirmación.
La compra de diésel con sobreprecios, la contratación anómala de seguros, el cobro extraño de un cheque por 100 mil dólares, la provisión de alimentación de 421 bolivianos/día por cada trabajador, en tiempos de la pandemia del coronavirus son algunas irregularidades en YPFB que el ministro de Hidrocarburos, muy suelto de cuerpo, califica como conjeturas. Pero lo peor de todo, es que la presidenta Áñez guarda silencio –no sé si de placer– en todos los casos.
No pues, señora Áñez, no actúe como candidata, los bolivianos seremos pacientes, pero no tontos.
El autor es abogado y docente en la UMSS
Columnas de HENRY GONZALO RICO GARCÍA
