Fundación para el Debido Proceso advierte que la Justicia no garantiza independencia e imparcialidad
Cuando el oficialismo impulsa una serie de procesos judiciales en contra de exautoridades opositoras, Ramiro Orías, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso, advierte que el actual Órgano Judicial no garantiza independencia e imparcialidad para llevar adelante esas causas “controvertidas”, en coincidencia con informes de instituciones internacionales.
La Fundación para el Debido Proceso es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.
El gobierno del presidente Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS), desde hace más de emdio año, demandaron diversos procesos penales en contra de la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros, mientras que, además, advierten que otros actores políticos y activistas debían ser incluidos en esas causas.
Ante esa situación, Orías sostiene que al registrarse estas causas de sensibilidad pública y de connotación política, donde se “persigue penalmente” a exautoridades del gobierno de Añez y a otros líderes de la oposición, “las circunstancias actuales como en las que se encuentra el Órgano Judicial no garantizan las suficientes condiciones de independencia e imparcialidad para administrar justicia en estos casos controvertidos”, una posición que coincide con informes internacionales emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigth Watch (HRW) y Amnistía Internacional, entre otros.
Orías advierte que el proceso de elección judicial permitió al MAS tener un amplio control de las instituciones de justicia, entre ellas el Consejo de la Magistratura, instancia que, por más de una década, incumplió el mandato de una disposición transitoria que se encuentra en la Constitución Política del Estado, que está referida a que, a partir de 2010, se tenía el plazo de un año para revisar el escalafón judicial, con el fin de institucionalizar la carrera judicial.
“Ahora ese trabajo no se ha concluido y el 80% de los jueces en Bolivia son provisionales, lo que está en contra de la disposición transitoria, lo cual es una infracción al derecho internacional porque la provisionalidad de estos jueces tiene plazo hasta la institucionalización, que será 3 o 4 meses, pero 10 años es un exceso. La provisionalidad permite un manejo discrecional de la judicatura porque el juez está sujeto a que cualquier momento se le agradezcan sus servicios y se lo retire, como cualquier funcionario auxiliar. No se está respetando la garantía de inamovilidad que tienen”, sostuvo.
Esta situación, advierte Orías, generó una situación de debilidad estructural dentro del Órgano Judicial, un aspecto que, al margen del MAS, también fue aprovechado en su momento en el gobierno de Jeanine Añez por el exministro de Gobierno Arturo Murillo. Acotó que este panorama, actualmente, se “profundiza” con una suerte de “revancha política” que asume el partido de gobierno.
Al ser consultado sobre el respeto al debido proceso, Orías señala que se debería hacer una auditoría jurídica a las causas que están en curso para verificar si se cumple este requisito. No obstante, advierte que los procesos en contra de Añez y de sus exministros debían estar sujeto a un juicio de responsabilidades, debido a que se trata de un tema complejo y profundo como es la sucesión constitucional que se dio en 2019.
En ese entendido, cuestionó que el caso haya sido llevado a la justicia penal, debido a que primero debía haber pasado por la justicia constitucional, para que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie en primera instancia y luego, si es que hubo delitos, pase a un juicio de responsabilidades a través de la Asamblea Legislativa.
“Sin embargo, el último eslabón de la cadena de justicia está resolviendo un tema tan profundo que tiene que ver con el sistema constitucional boliviano, no se puede criminalizar utilizando abusivamente el derecho penal”, sentenció.
El experto sostiene que, actualmente, el país quiere encaminarse a un escenario de reencuentro, un proceso que requiere pactos políticos para una reforma profunda del Órgano Judicial, con el fin de construir un sistema de justicia independiente con la credibilidad de resolver estos casos que están polarizando a la sociedad.
