Carta Democrática Interamericana, 20 años

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, la Asamblea General de la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana, la cual significó un avance sustancial en el compromiso de los países del continente americano con la democracia representativa como la única forma de gobierno aceptable en la región.

A veinte años de su vigencia, es de fundamental importancia continuar avanzando en el desarrollo de los instrumentos para fortalecer la democracia en el contexto regional, defendiéndola especialmente de nuevas amenazas y autoritarismos.

Aunque este compromiso con la democracia parezca obvio, en realidad cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana, para la gran mayoría de los países latinoamericanos, las dictaduras militares habían sido una forma de gobierno muy frecuente durante el siglo XX. Iniciando este nuevo milenio, en el Perú se acababa de superar el periodo de Alberto Fujimori, quien después de haber sido electo democráticamente, se convirtió en dictador mediante un golpe al Congreso, con el apoyo militar, lo que ya demostraba que los populismos podrían reemplazar a los clásicos golpes militares, en cuanto amenazas a la democracia.

Frente a la inmensa creatividad latinoamericana y su realismo mágico para camuflar autoritarismos con supuestas nuevas formas de democracia, la Carta Democrática define con claridad qué significa una democracia representativa, la cual debe tener como como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de derecho, la celebración de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos (artículo 3).

Como se puede apreciar por esta definición, la democracia es mucho más que la realización de elecciones, a la cual quieren reducirla lideres populistas que han logrado la capacidad de ganar los comicios, pero no quieren sujetarse al Estado de derecho, cuyo propósito principal, el garantizar la vigencia de los pesos y contrapesos que caracterizan a una democracia verdadera, limitando el poder de los gobernantes y garantizando la alternancia en el ejercicio del poder.

Por ello, la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que limita a solo dos periodos consecutivos la reelección presidencial, se convierte en el mejor y mayor avance de los últimos años que se ha podido desarrollar con relación al fortalecimiento democrático en Latinoamérica.

No obstante, hoy la democracia retrocede en muchos países, frente a nuevas formas de autoritarismo, lo que señala que la Carta Democrática y los instrumentos establecidos para su puesta en vigencia son aún insuficientes para proteger el derecho de los pueblos de América a vivir en verdaderas democracias.

Esto se debe a que cuando se redactó la Carta Democrática la principal amenaza que se procuraba prevenir era la de los golpes de Estado militares. Si bien, en ese momento se tenía el antecedente de Fujimori, no se podía prever los golpes a la democracia que se darían en los años siguientes desde los propios gobiernos electos, como por ejemplo cuando el Ejecutivo no respeta la independencia de los órganos legislativo, judicial y electoral.

Al sujetar la representación de los Estado a los gobiernos, mediante las cancillerías, la OEA deja desprotegidos a los otros poderes públicos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco ha brindado una protección efectiva a la sociedad civil frente a los abusos de gobiernos electos, afectando la protección a las minorías que debe caracterizar a una democracia plena.

Veinte años después de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, la consolidación de la democracia en Latinoamérica es una tarea inconclusa y con tendencia al deterioro, causa por lo que se debe trabajar mucho aún.

El autor ha sido presidente del Senado y ministro de Economía