A seis meses, peligra el mandato

Seis meses de gobierno no alcanzan para evaluar transformaciones estructurales, pero sí son suficientes para identificar señales claras sobre el rumbo político de una administración.

No se trata, por tanto, de juzgar resultados de largo plazo, sino de observar si existe –o no– una ruptura real con el pasado. Y lo que reflejan estos primeros 180 días del Gobierno de Rodrigo Paz es inquietante: más de lo mismo.

La incompetencia y la corrupción, continúan descollando como si nada hubiera cambiado. Ambos factores, si se observa bien, han erosionado de manera prematura el capital político con el que inició su mandato.

No es un desgaste gradual, propio del ejercicio del poder, sino un deterioro acelerado que, en apenas medio año, ha llevado a sectores de la sociedad –particularmente a los afectados por la llamada “gasolina basura”– a plantear incluso la renuncia del presidente. Un escenario impensable en el inicio de la gestión.

La expectativa inicial fue enorme. Después de dos décadas marcadas por el abuso del poder, la corrupción sistemática y la degradación institucional, el ascenso de Rodrigo Paz generó muchas ilusiones. Sin embargo, seis meses después, la sensación dominante es la decepción. Nada esencial parece haber cambiado. Como si, en el fondo, no hubiera habido una transformación del poder, sino apenas un relevo de élites corruptas.

El problema en Bolivia, más que ideológico, es estructural. Las élites –de izquierda o de derecha– han compartido históricamente una misma vocación: la apropiación del Estado como mecanismo de acumulación de riqueza. En ese sentido, todo indica que no ha cambiado la lógica, sino apenas el rostro de quienes administran el poder.

El caso de la gasolina comercializada con menos subvención y de pésima calidad es, probablemente, el punto de inflexión de este proceso de desgaste. No se trata únicamente de un error de gestión, sino de un episodio en el que convergen, de manera preocupante, la incompetencia y la sospecha de corrupción. Y esa combinación, en política, suele ser letal.

Resulta difícil comprender cómo, después de seis meses de gestión, recién se estén planteando ajustes profundos en YPFB, la empresa estatal más importante del país y, al mismo tiempo, el botín más codiciado por las élites políticas. Como mueve miles de millones de dólares en la importación de diésel y gasolina, es ahí donde se gestan los mayores espacios de opacidad, discrecionalidad y negocios.

Paradójicamente, el que debía ser el primer gran desafío del Gobierno –resolver el problema de los combustibles– podría convertirse en el inicio de su declive. Ya advertí en una columna anterior, a propósito de los primeros 100 días, que no se trata de ningún “sabotaje”, sino de una brutal incompetencia. El costo político de ese error comienza hoy a materializarse con toda su fuerza.

A esto se suma otro elemento igualmente corrosivo: la inconsistencia del discurso gubernamental. Versiones contradictorias, explicaciones poco convincentes y una narrativa errática han terminado por minar la credibilidad del Gobierno.

Y cuando un Gobierno pierde credibilidad, pierde algo más profundo que apoyo: pierde autoridad. A partir de ahí, la gobernabilidad deja de sustentarse en legitimidad y comienza a depender, peligrosamente, de la imposición.

En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿a quién favorece este deterioro? La respuesta también es evidente. Evo Morales, con su conocido instinto político, observa el escenario con ventaja. Cada error del Gobierno actual no solo debilita a Rodrigo Paz, sino que fortalece objetivamente las posibilidades de una peligrosa rearticulación.

En ese sentido, el Gobierno parece estar reproduciendo, con notable similitud, los errores del de Jeanine Áñez. La historia, una vez más, se repite. No por fatalidad, sino por incapacidad de aprendizaje. La política boliviana parece atrapada en un circulo vicioso, donde las elites necias no aprenden de los errores, más bien, los repiten.

Mientras tanto, Morales no necesita hacer demasiado. Le basta con esperar. El prematuro desgaste del Gobierno allana el camino para su eventual retorno o, al menos, para el retorno de su proyecto político bajo nuevas formas. Cada error es, en los hechos, una contribución involuntaria a ese objetivo.

Si el Gobierno no introduce un giro radical –no discursivo, sino real– en su forma de gestión, el escenario que se avizora es preocupante. La conflictividad social latente, que parece no tener sosiego, puede desbordarse en cualquier momento. Y cuando eso ocurre, la estabilidad política ingresa a una fase crítica.

La historia reciente ofrece suficientes advertencias. Los gobiernos no caen únicamente por la fuerza de la oposición, sino por el peso de sus propios errores. En ese sentido, el mayor riesgo para Rodrigo Paz no está fuera de su Gobierno, sino dentro de él.

Seis meses han sido suficientes para encender las alarmas. Lo que ocurra en los próximos meses definirá si este es solo un tropiezo inicial o el comienzo de un desenlace prematuro. Porque, en política, cuando se combinan incompetencia, corrupción y pérdida de credibilidad, el mandato deja de ser un horizonte estable y se convierte, rápidamente, en una posibilidad en disputa.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón