#SOSBOLIVIA

Las universidades surgieron en los umbrales del Renacimiento, contexto clave de relanzamiento histórico-social de la humanidad. Su nombre proviene del latín universitas, ‘universo’, de manera que “universidad” es aquel espacio donde se forman personas que no sólo se gradúan como profesionales en determinada rama, sino alcanzan la comprensión del mundo que habitan en calidad de herederos de la cultura acumulada, extendida a la filosofía, la ciencia y el arte en todas sus manifestaciones. En ese cometido, las universidades deben formar personas profesionales, alimentar la ciencia con nuevos conocimientos y aportar al desarrollo de la cultura. He ahí las funciones típicas de las universidades: la docencia, la investigación y la extensión cultural, cuyo cumplimiento implicó, desde su propio origen en aquellos tiempos de esforzada lucha para disipar las sombras de la ignorancia, los dogmas y el fanatismo, el enfrentamiento con las estructuras de dominación ideológica y política, de tal manera que estas instituciones de estudio superior se convirtieron en verdaderos faros de pensamiento libre, plural, por consiguiente, y en centros de diseño de propuestas de mejoramiento de la realidad en todas sus esferas, habiendo surgido de ellas renovadas visiones y liderazgos. 

Enfrente de este plano ideal, haciéndonos pisar tierra “a la mala” una vez más, emerge la realidad el 9 de mayo pasado, cuando cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” de Potosí perdieron la vida, aplastadas por una avalancha provocada por la explosión de granadas de gas lacrimógeno por parte del grupo de choque al servicio de la dirigencia amparada por el masismo, en pretensión de eternizarse a la cabeza de las organizaciones estudiantiles universitarias, siguiendo el ejemplo del nefasto personaje ese que por desgracia conocemos harto. 

Desde tan brutal acontecimiento, los medios informativos y las redes sociales se han inundado de datos reveladores de la recurrencia de esta situación en todas las universidades públicas del país, poniendo en evidencia los muchos casos de dirigentes de edad avanzada con permanencia estudiantil prolongada que pueden ser reelegidos sin límite en sus cargos y que ganan “sueldos” ilegalmente, que disponen sin control de recursos públicos y tienen poder sobre la asignación de las becas y otros beneficios estudiantiles de manera que cometen el delito de extorsión (Art. 333 del Código Penal) al obligar a los becarios a asistir a asambleas y otras actividades similares bajo amenaza de quitarles tales becas y/o beneficios, llegando al punto de cometer incluso delitos contra la vida, la integridad corporal y la seguridad común como en el caso de Potosí. 

Síntomas de la descomposición de las universidades, van acompañados de inconductas del estamento docente, entre cuyos miembros hay quienes acusan un desempeño que deja mucho que desear, caracterizado por la escasa diligencia en su trabajo de permanente estudio, producción de ciencia y contribución a la comunidad. No se puede olvidar que los estudiantes tienden a reflejar a sus docentes y por ahí yace la explicación de la indiferencia de ambos ante el desastre en que trabajan/estudian. Es que hay que ser bueno, el mejor en lo posible, pero no basta; es necesario además luchar contra aquello que está mal. 

¿Crisis aislada? Por supuesto que no. El artículo “Sólo en el Estado Plurinacional” de Andrés Gómez Vela (Los Tiempos, 08/05/22) identifica sin duda alguna la perversión de las instituciones públicas del país en un proceso en el cual no se trata de que no cumplen o cumplen mal sus funciones, sino de que actúan frontalmente contra ellas, presentando 15 ejemplos irrefutables al respecto, referidos a la Policía y a las FF. AA., jueces y fiscales, TSE y, cómo no, Órgano Ejecutivo. El periodista encuentra a la que denomina “la nueva clase dominante” –vestida de azul– como la culpable de tal degeneración.  Por su parte, Lupe Cajías en su artículo “El pillerío como política del Estado Plurinacional” (Los Tiempos; 13/05/22) pone el dedo en la misma llaga afirmando que en Bolivia no hay “simplemente corrupción”, sino “un método de acumulación de riqueza” cuya patente la tienen los regímenes autoritarios, miembros todos ellos del bloque antioccidental. Los signos de la aplicación de ese método que ella identifica son las fechorías e impunidad de los delincuentes de todas las especialidades, enfatizando la de los “chuteros”, la debacle judicial y policial. Ahí se integra la situación de las universidades, en ese contexto de colapso institucional y moral del país -¡el nuestro, el único que tenemos!– en metamorfosis a un territorio sin Estado ni derecho donde campean el crimen, la violencia y la sinrazón, envueltos en el humo azulino del pluriautoritarismo populista. Ante ello, no hay excusa. El llamado de auxilio lanzado se dirige a nosotros, a cada uno, para despertar la conciencia del deber que nos atañe y unirnos todos en el rescate de Bolivia. Y eso es hacer política.