Economías ilícitas y violencias criminales

El secuestro, tortura y asesinato de dos jóvenes en Yacuiba hace unos días, en un confundido “ajuste de cuentas” por parte de criminales extranjeros y nacionales, se suma al creciente número de noticias que están visibilizando una presencia —cada vez más fuerte— del crimen organizado, no sólo en zonas fronterizas sino en las principales ciudades del país. A pesar de que el PNUD (2021) clasificara al país como uno de los menos afectados en la región por la violencia generada por este grupo, pareciera que existe una tendencia a revertir este estado de cosas. 

Una rápida revisión de la violencia asociada al crimen organizado en los últimos dos años, da cuenta de los siguientes indicios: 1) Hay una tendencia hacia su incremento, lo que se manifiesta no sólo en la proliferación de secuestros, asesinatos, balaceras públicas, sino también en emboscadas armadas, linchamientos u otros. 2) Hay un nexo directo con el fortalecimiento de diversos tipos de economías ilícitas en el país: narcotráfico, trata, tráfico de armas, contrabando, chuteros, comercio ilegal de oro, o, últimamente, avasallamiento de tierras. 3) Existe un estrecho vínculo entre los diferentes rubros de estas economías ilícitas cuyas fronteras son endebles. 4) Por último, estas formas de criminalidad también se encuentran, en algunos casos de la violencia presentada como de género, delincuencia o asesinato común. 

Del lado de los(as) ciudadanos(as), dpendiendo de las zonas, hay una convivencia más o menos normalizada con la misma. En zonas fronterizas, se vislumbran dos tendencias (similares a lo que ocurre en otros países de la región). Por un lado, construcción de alianzas (de alerta por redadas o apoyo) entre sectores sociales con los grupos criminales (contrabandistas, por ejemplo). Ello debido ya sea a la ausencia de medidas estatales a favor de los ciudadanos, o, en otros casos, como reacción ante el comportamiento abusivo de muchos representantes públicos. Por otro lado, también se puede observar a sectores ciudadanos que se organizan colectivamente, buscando el apoyo público, para hacer frente a esta economía ilegal y a sus agentes. 

En las ciudades (intermedias y grandes), dos reacciones contradictorias se dan: Mientras se incrementa el miedo y el rechazo frente a los episodios de violencia criminal (balaceras, secuestros, torturas) existe, a la vez, una creciente normalización de las actividades ilícitas como el contrabando (sus ferias se han vuelto mercados favoritos de muchos ciudadanos) o incluso el narcotráfico (nadie se asombra de enriquecimientos ilícitos). Términos como “sicarios”, “coyotes” o “crimen organizado” se han vuelto parte de la jerga cotidiana y las redes sociales se ven inundadas por imágenes y Tik Toks que hacen evidente la aceptación hacia lo que algunos han denominado la “cultura chutera”. Tal vez el ejemplo más claro de esta normalización es la confesión de una niña de querer ser narcotraficante “de grande”.

Es indudable que la economía ilícita (en todas dimensiones, principalmente la informalidad, el contrabando y el narcotráfico) está posibilitando —o en todo caso coadyuvando a— mantener estable nuestra economía nacional. Sin embargo, si se la va a seguir aceptando como parte normal de nueva vida cotidiana, hay que estar también preparados para consentir la proliferación de los episodios de violencia criminal. Ambos vienen en el mismo paquete.