¿Situación controlada?

El niño ministro, que tiraba cohetes, como los que tiran los invasores de tierras, el jueves de la semana que termina dijo, refiriéndose a los enfrentamientos en las tierras de los Kim, que la situación estaba “controlada”.

Lo debe haber dicho porque a la hora que él salió a hablar ya no se escuchaban los estallidos y no pateaban periodistas y les robaban sus equipos, como si los asaltantes de tierras privadas hubieran dejado el lugar, se hubieran marchado y los Kim hubieran recuperado los mismos: eso significa controlar una situación, consolidar la legalidad de los derechos de los propietarios.

Pero no, resulta que el jueves por la noche la “situación controlada” significaba que los delincuentes estaban en quieta y pacífica posesión de su botín, o sea (como dicen los muchachos), reitero, no existe algo controlado cuando los invasores siguen en posesión de lo robado y asaltado que, además, es un área protegida y reservorio de agua subterránea de donde van a abastecerse millones de ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra en algunos años y que tiene una ley departamental de pausa de intervenciones por un año.

No hay paz ni hay orden en la ilegalidad, sea la que fuere y lo diga quien lo diga. Lo que hay actualmente es una situación de dos vertientes; la primera, la delincuencial, en la que debiera entrar la fiscalía y la administración de la justicia (flagrancia, violencia y otros, ver la Ley Orgánica del Ministerio Público).

Además de los primeros citados, debió intervenir también la Policía, que tuvo ese día jueves una vergonzosa actuación, ubicándose, primero, entre los bandos y luego liberando la zona para que los avasalladores golpeen a periodistas y a otras personas. Tengamos la decencia de llamar a las cosas por su nombre y digamos que hoy la Policía Nacional es una policía política, del “régimen” (como dice Susana), de manera que lo que se ha escrito con relación a esa institución y a los órganos es tristemente cierto. Veamos los antecedentes de las invasiones de tierras: la justicia liberó a los detenidos de Las Londras, habiendo pruebas de todo tipo, pero los liberaron, porque así dispuso el poder político; eso abrió las compuertas para lo demás. En el tema que nos ocupa, todos debieron actuar de oficio, pero no lo hicieron porque están impedidos; porque ellos (los tres) reciben orden de no intervenir, así que aunque esté escrito en las leyes y la CPE hoy son instrumentos de la política gubernamental para poner a raya a los “enemigos políticos” y cualquier otra cosa que se necesite.

Bien señalaba el GIEI, en su visita a Bolivia: “La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”.

Por su parte, Diego García-Sayán, a quien el Gobierno recibió en 2022 (su informe es de junio) para que “haga una evaluación de la justicia”, aseguró en el mismo que “identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país”.

Hay mucho para escribir sobre ese tema, pero no es necesario; nosotros los bolivianos sabemos de qué se trata esto; simplemente se buscó respaldar lo que aseguramos: no hay justicia ni Policía al servicio del Estado; éstas responden al poder político, simplemente eso.

Poder político, reafirmo como idea fuerza, al tiempo en que aseguro que lo que pasa con los avasalladores del predio Kim es parte de una estrategia geopolítica que tiene la necesidad de asentar a un grupo de choque “a 10 minutos de la plaza principal”, es decir, en el corazón mismo del poder local.

No es verdad lo dicho por un asambleísta del MAS, quien sostuvo que los invasores  “son vecinos de los Kim”; probablemente algún avivado se haya sumado, pero lo cierto es que los invasores están ahí en estos momentos porque el MAS/Gobierno decidió que esto se haga porque los necesitaban cerca, congregados y disponibles.

Veamos: las fuerzas de choque (militantes y delincuentes, porque hay de los dos tipos) hasta ahora han estado muy lejos del centro del poder y de las actuaciones institucionales del departamento; digamos que en San Julián, Pailón y el Plan 3.000; agruparlos para traerlos al centro es todo un proceso y, en algunos casos, no lo logran. Tenerlos en un mismo lugar (donde los Kim) y darles tierra a cambio de  que estén “siempre al servicio” de lo que se le ocurra al poder es una cuestión geopolítica.

Hasta ahora, el MAS no tenía dentro del séptimo anillo fuerzas de choque. Veamos los 36 días de paro: enfrentamientos en el Plan 3.000, el masismo no salió nunca de la zona, salvo cuando los ministros los llevaron en sus camionetas a los desbloqueos que no les dieron resultado, como lo de Troncoso y sus desbloqueos; les fue muy mal.

Otro lugar de conflictos: la Guardia; tuvieron que juntar gente del Plan, de El Torno y de más allá, de la carretera vieja a Cochabamba, y eso les quitó “inmediatez” y por eso metieron rápido a la Policía, de manera que, en esta “continuidad de la política de invasión e intento de doblegar a Santa Cruz”, camuflada o más bien expresada en la judicialización de la política o politización de la justicia, con procesos judiciales en dos distritos judiciales y fiscales, cuando todos los hechos se dieron en Santa Cruz. Y ahí van y, para sostenerlo deben violentar (si pueden) las calles citadinas, para ello necesitan militancia cerca, violenta y decidida a todo, que asuste a los ciudadanos que asisten a los cabildos;  militancia pagada y mantenida mientras dure el conflicto y, además, esperanzada en el lote prebendal, a cambio de ser fuerza de choque. Esto se podrá consolidar si al poder le va bien, porque si no “el Estado recuperará la memoria y se hará justicia y se actuará en defensa de la Madre Tierra y los acuíferos no deberán ser puestos en riesgo”… No será nuevo, esto ya lo vimos.

De alguna manera, así se actuó en 2009, tras la masacre del Hotel Las Américas, pero esto tiene otras consideraciones: apuntan a tres personas a las que van a molestar hasta ver a dónde pueden llegar; mientras tanto, arman sus estrategias y colocan a sus milicianos a 15 minutos del centro: ya los tienen en el lugar que los necesitaban, “juntos”, ahí los van a tener. Su “radicatoria” dependerá, repito, de cómo les vaya.

Probablemente en el poder estén convencidos de que “cierran su círculo”; creo que esto recién comienza y que es temprano para que crean que ganaron; hay mucho por hacer; la pelea va a ser institucional y judicial, Gobernación y estrados judiciales, poco confiable, pero hay que hacerlo, mirando siempre lo que pueda pasar en la zona…En fin: nada controlado.