El PGE 2023 está promulgado; la oposición ratifica el centralismo
El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1493 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que fue sancionada por la Asamblea Plurinacional luego de varias observaciones, con 243.950 millones de bolivianos.
Los fondos son para el funcionamiento del sector público, alcaldías, universidades públicas, empresas públicas y otros.
El PGE contempla varios cambios como la creación del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología para las universidades para proyectos que contribuyan a la sustitución de importaciones.
La ley autoriza al Ministerio de Economía a realizar operaciones de deuda pública.
Las operaciones se realizarán con asesoría. Los intereses a favor de acreedores estarán exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.
El Ministerio de Planificación podrá incorporar recursos adicionales para proyectos que cuenten con contraparte.
Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a hacer operaciones de titularización de flujos de caja para inversiones en industrialización de hidrocarburos.
En 2023, el Gobierno proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86%, una inflación de 3,57%, un resultado fiscal de -7,49% y estabilidad cambiaria.
El diputado Héctor Arce, del MAS, señaló que si bien el oficialismo viabilizó la aprobación del presupuesto está pendiente una explicación sobre el 2022 y los proyectos 2023. El diputado Jorge Komadina, de CC, observó que se autorice a YPFB a titularizar futuros flujos de caja. “Se van a vender las futuras ganancias”, dijo. Ratificó cuatro críticas. Primero, es centralista porque el 90% de los recursos son controlados; segundo, va a empresas públicas ineficientes; tercero, se concentra en Defensa, Presidencia y Gobierno, y cuarto, las empresas públicas tienen directivos interinos, no hay una institucionalización.
Aprobación de la ley y avión oficial
El diputado Jorge Komadina, de Comunidad Ciudadana, reiteró que la ley se tramitó de forma irregular.
“Ha sido una sesión fraudulenta, ilegal y anticonstitucional”, dijo, porque no se cumplió el requisito para su reconsideración.
Añadió que la Ley Financial, que también se aprobó, tiene graves implicancias para el país, como las acciones que podrá realizar YPFB.
En tanto, el presupuesto para el avión presidencial es de 11 millones de bolivianos. Según, Komadina el presupuesto es mayor al que tendrá el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
El presupuesto general es de 243.950 millones de bolivianos.
