¡Dejen de abusar!

Lo sucedido en pasados días con César Apaza, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Los Yungas, es inaceptable e indignante En su condición de Presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca fue violentamente detenido el 22 de septiembre de 2022, un par de horas después de medianoche, sin haber sido previamente notificado, sin mandamiento de autoridad competente y por varios encapuchados que procedieron a golpearlo, siendo luego enviado “por motivos de seguridad” a las celdas de la Felcc en El Alto, 

Desde el lugar en que se encontrada detenido en aquellos momentos, denunció que fue torturado, lo cual fue corroborado por sus familiares y su abogado. Esta situación se prolongó a lo largo de varios meses, a lo largo de los cuales manifestó en varias ocasiones tener dolores de cabeza. El pasado 14 de febrero sufrió una embolia, que obligó a sus carceleros a internarlo en el Hospital de Clínicas, en el cual, por una supuesta intención de fuga que le atribuyeron los mismos, fue engrillado a la cama en que se encontraba en malísimo estado de salud.

¿Cómo puede calificarse todo este accionar de las fuerzas represivas del Gobierno, dentro de las cuales por supuesto que se encuentran el fiscalato y los jueces al servicio del poder, que cuentan con la aquiescencia de las más altas autoridades del Estado?: barbarie, crueldad, inhumanidad, ferocidad, barbaridad … El lector podrá utilizar los adjetivos que mejor se acomoden a la situación, pero no cabe duda de que es algo que trasciende los límites de la cordura y la tolerancia.

¿Puede después de esto el Canciller decir que Bolivia ocupa la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus avances en materia de Derechos Humanos y que el Gobierno respeta los mismos? ¿Puede alguien, con dos dedos de frente pensar que vivimos en un estado de derecho en el cual se respetan  los derechos de las personas?

No hay que olvidar que César Apaza está detenido porque la organización a la que representa (que al parecer también lo abandonó) inició movilizaciones en defensa del mercado legal de coca que funciona en Villa Fátima, ante la decisión del Gobierno de apoyar el funcionamiento de un mercado ilegal de gente afín al MAS. Como se lee: el Gobierno patrocina y apaña a quienes tienen funcionando un mercado ilegal, pero se someten a sus dictados. 

El gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca no respeta las leyes ni los derechos de las personas que disienten con él, y utiliza el aparato judicial para perseguir y encarcelar a sus opositores, a la vez que impide el ejercicio del derecho a la protesta de diferentes sectores de la población, como sucedió a finales del año pasado en Santa Cruz, a raíz del paro declarado para exigir la realización de un censo el año 2023 y, posteriormente, con el secuestro violento del que fue víctima el Gobernador de ese departamento.

No son los únicos casos. Durante este gobierno ha muerto Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondioc, que denunció el desfalco que estaba sufriendo la institución. Su denuncia le costó la vida, previa iniciación de decenas de procesos penales en su contra y sometimiento a tratos crueles y torturas de las que fue víctima, en tanto los ladrones se pasean impunes por las calles y, en algún caso, ocupan un curul en la Asamblea Legislativa.

Los discursos del Vicepresidente, del cóndor con dos alas, del equilibro, son poesía barata, frente a la desalmada sinceridad del presidente, que da muestras claras y permanentes que muestran que tenemos un gobierno al que la democracia y los derechos humanos le importan un comino.

Presidente y Vicepresidente dejen de abusar. Ya está de buen tamaño. Y no olviden que lo que se hace se paga.