Más desconfianza e incertidumbre

La pasada semana se han difundido por separado, tres estudios de opinión realizados por reconocidas empresas encuestadoras, por encargo de prestigiosas entidades como la Fundación Jubileo, Red Unitas y la Fundación Friedrich Ebert (FES). Aunque eran previsibles ciertas similitudes en los resultados, es alarmante la coincidencia de las tres investigaciones respecto de la percepción ciudadana sobre la situación del país.

La encuesta de Unitas señala que el 84% de los consultados tiene preocupación, incertidumbre o pesimismo sobre el futuro del país, mientras que el 83% de la muestra de la FES señala que el futuro de Bolivia les provoca incertidumbre o miedo. El informe de Jubileo muestra que solo el 14% cree que se superará la actual inestabilidad económica, y el 55% duda de que se resuelva oportunamente la caída de ingresos por la disminución de las reservas de gas.

Casi dos tercios de los preguntados por la FES creen que nuestro país va por mal camino, y al 63% de los consultados por Jubileo, la actual forma en que se ejerce la democracia le provoca intranquilidad e inseguridad. Respecto de las mayores preocupaciones de los bolivianos, el 68% de los interrogados por la FES apuntan a la crisis económica, la pobreza y el desempleo, también el 45% de las respuestas dadas a Unitas coinciden en estas dos categorías.

Los estudios han planteado cuestiones que de alguna manera explican el pesimismo que se está generalizando en varios estamentos de la población y que tiene un significado mucho más profundo que la opinión coyuntural porque devela una creciente insatisfacción con la representación política y la forma cómo se gestiona la institucionalidad democrática.

Así, por ejemplo, la encuesta de Jubileo, realizada en las nueve capitales de departamento más El Alto, revela que el 67% no cree que los derechos humanos están plenamente garantizados en el país, que el 61% duda que se respete la libertad de expresión, el 73% considera que no todos los bolivianos recibimos el mismo trato ante la ley, y el 75% cree que el sistema judicial no es confiable. En esta última categoría, el informe de la FES, realizado bajo el modelo de encuesta Delphi, señala que el 97% de los consultados está insatisfechos con el funcionamiento del sistema de justicia.

Por su parte, el estudio de la FES también aborda temas de coyuntura económica y afirma que existe una preocupación mayoritaria (67%) acerca de una posible devaluación de la moneda, que la economía no crezca o haya una recesión con aumento del desempleo (72%). Los informes también constatan una gran preocupación de la gente en temas como la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la educación, el sistema de salud, el aumento de la conflictividad, la discriminación en el trato a sectores y regiones, y la polarización política.

Es cierto que, en general, las encuestas, como técnicas de indagación de la opinión pública, pueden adolecer de vacíos o inexactitudes, sin embargo, son un parámetro eficaz para conocer las tendencias de opinión, percepción y sensaciones de los ciudadanos en un momento determinado, y en este caso su valor de credibilidad aumenta si coinciden con la situación que podemos evidenciar en un análisis somero de la realidad del país.

No podemos ignorar los problemas acumulados de la informalidad económica, el empoderamiento excesivo de algunos movimientos sociales, la corrupción, el debilitamiento de las instituciones y la falta de previsión, a lo que se suman las dificultades económicas por la escasez de dólares, la caída de las reservas internacionales y de la producción de hidrocarburos, además de los problemas ambientales, el aumento del costo de vida, la disminución de la calidad del empleo y la inseguridad jurídica.

La temprana electoralización, reflejada en las fuertes confrontaciones dentro del partido gobernante, está provocando el debilitamiento estructural en los Órganos del Estado, lo que tiene un efecto negativo sobre la gobernabilidad y la calidad de la gestión pública nacional y local.

La Asamblea Legislativa no puede avanzar en la aprobación de leyes y el Órgano Judicial se quedará acéfalo desde el 1° de enero de 2024, debido a que se ha empantanado el proceso de selección de candidatos por falta de acuerdos en la Asamblea; esto podría generar una crisis de Estado si dos poderes públicos se paralizan.

Los riesgos son muy elevados y aunque todavía se mantiene la estabilidad económica y los conflictos no se han generalizado, el futuro se muestra cada vez más complejo e incierto.

Todo gobierno se sustenta en la confianza pública y cuando ésta se empieza a debilitar es necesario un proceso de reflexión y de ajuste en las decisiones políticas antes que el descrédito se transforme en rechazo y la incertidumbre en rabia y temor.

Ojalá que el Gobierno y los sectores políticos tengan la amplitud y la inteligencia para escuchar la voz de la ciudadanía que cada vez está más preocupada por el rumbo que estamos tomando como país.