Del corporativismo a la ciudadanía: el desafío pendiente

Más allá de la debilidad institucional y la crisis de gobernabilidad, en Bolivia existe una cuestión estructural que no ha sido suficientemente debatida: la forma en que la sociedad se representa a sí misma y participa en la construcción de las decisiones colectivas.

En efecto, desde la Revolución de 1952, la representación social en nuestro país ha estado fuertemente influida por organizaciones de naturaleza sindical que adquirieron un papel central en la intermediación entre el Estado y la sociedad.

A diferencia de la representación ciudadana predominante en las democracias liberales, se privilegió el corporativismo basado en sindicatos obreros, organizaciones campesinas y gremios como los transportistas y comerciantes, que gradualmente adquirieron capacidad de negociación, presión y movilización.

Con el tiempo, este tipo de representación dejó de orientarse exclusivamente a la defensa de intereses legítimos para transformarse en una disputa permanente por cuotas de poder y acceso a recursos públicos. Las huelgas, los bloqueos y la paralización de actividades económicas se convirtieron en instrumentos habituales de negociación política.

El modelo terminó de pervertirse durante el ciclo político del MAS, cuya base social fue el denominado Pacto de unidad, una estructura paraestatal y excluyente integrada por organizaciones que representaban al campesinado de tierras altas, cocaleros, comunidades indígenas del altiplano, colonizadores y la Central Obrera Boliviana.

Con esos grupos corporativos, el MAS cogobernó por 20 años, convirtiéndolos en los únicos representantes de la sociedad en el diálogo político.

En países con mejor institucionalidad, el rol político de la sociedad civil incluye también a entidades como las universidades, colegios profesionales, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, centros de investigación, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales, academias científicas y otros.

A diferencia de las estructuras corporativas tradicionales, estas instituciones suelen sustentarse en estatutos formales de gobernanza, mecanismos de representación interna, participación voluntaria y principios de deliberación racional.

Su legitimidad proviene menos de la capacidad de presión y más de la calidad de sus propuestas, conocimientos y contribuciones al debate público.

Aunque en Bolivia existe un amplio tejido organizacional de esta naturaleza, las entidades de la sociedad civil han actuado de manera fragmentada, desconectada de los sectores populares, endogámica, sin posiciones ideológicas, sin interés en articular una visión compartida de país, y sin vocación de poder.

En décadas recientes, surgieron nuevas formas de representación vinculadas a jóvenes, mujeres, emprendedores, colectivos culturales, organizaciones medioambientales, comunidades digitales y movimientos regionales.

Estos actores ya no se identifican con categorías ideológicas. Su acción política se limita al activismo y suelen organizarse alrededor de causas concretas, derechos ciudadanos, sostenibilidad, igualdad de oportunidades y defensa de libertades individuales y colectivas.

Las constantes crisis sociales que Bolivia atraviesa evidencian que el modelo de representación basado en organizaciones corporativas y sindicales no solo está agotado, sino contribuye a profundizar la polarización y a debilitar la construcción de consensos.

La alternativa no consiste en proscribirlas, sino en cimentar un sistema de representación más amplio donde las instituciones de la sociedad civil, las nuevas formas de ciudadanía y los mecanismos democráticos tengan un papel protagónico.

Este proceso no es rápido ni fácil. Implica construir una nueva hegemonía cultural y democrática donde las instituciones de la sociedad abandonen la comodidad del lobby (grupo de cabildeo o de presión) y el activismo y asuman el riesgo de la política, disputen los territorios simbólicos que el corporativismo consideró propios y alcancen un papel más activo en la construcción de ciudadanía.

Pero, sobre todo, es necesario ganar la disputa por el sentido, por la definición de lo justo, lo legítimo y lo correcto. Las instituciones de la sociedad solo ganarán si construyen una narrativa integradora y de futuro; una que convoque a los bolivianos no como miembros de sindicatos en conflicto, sino como ciudadanos con derechos iguales y un destino compartido.

La construcción de un país más estable, democrático y próspero exige reemplazar la lógica de la fuerza por la lógica de la deliberación; la representación corporativa excluyente por la ciudadanía plural; y la confrontación permanente por la cooperación institucional.

Sólo cuando las instituciones de la sociedad logren articular una visión compartida de desarrollo, libertad, justicia e igualdad de oportunidades será posible romper el ciclo de crisis recurrentes que ha marcado la historia reciente del país y abrir una nueva etapa de convivencia democrática y progreso colectivo.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia