Las amenazas de Evo Morales al gobierno de Paz: entre la retórica y la realidad

Desde su bastión en Lauca Ñ, sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales ha vuelto a ocupar el centro del escenario político boliviano. Con frases cargadas de desafío —"agárrenme aquí o mátenme aquí", "si es machito que venga a Lauca Ñ"— el expresidente lanzó una provocación directa al presidente Rodrigo Paz mientras el país soportaba más de un mes de bloqueos que han paralizado carreteras, desabastecido mercados y costado más de 2.100 millones de dólares en pérdidas, a un ritmo superior a los 50 millones diarios. La pregunta que Bolivia debe hacerse con serenidad es simple pero trascendente: ¿cuán reales son esas amenazas, y qué revelan sobre el estado de la democracia y el Estado de derecho?

La retórica de Morales combina al menos tres elementos. El primero es la apelación al martirio personal: declarar que no huirá ni escapará provoca solidaridad entre sus seguidores y presenta al adversario como potencial asesino. El segundo es la inversión de la responsabilidad: si hay muertos, la culpa será del Gobierno, no de quienes organizaron los bloqueos. El tercero —quizás el más revelador— es la escenificación territorial: Morales no desafía desde La Paz ni desde un espacio neutral, sino desde una región donde las federaciones cocaleras ejercen un control social cuasi-exclusivo, rodeado de una red de protección sindical que el Estado boliviano todavía no ha logrado penetrar eficazmente.

Esa capacidad de control territorial es el núcleo de la amenaza real. No es Morales como individuo lo que inquieta; es la estructura que representa. Las Seis Federaciones del Trópico acumulan décadas de experiencia en resistencia a campañas estatales, redes de comunicación propias y capacidad para sostener bloqueos durante semanas. A eso se suman las denuncias sobre actores paraestatales armados: imágenes en redes sociales muestran individuos encapuchados con armas de fuego en puntos de bloqueo; en San Julián, varios policías y civiles resultaron heridos por impactos de bala; un subteniente del Ejército fue retenido como rehén por bloqueadores. La Defensoría del Pueblo informó sobre indicios de armas y explosivos. Estos no son rasgos de una protesta sindical ordinaria.

A ese cuadro se suma la dimensión señalada por el propio Gobierno como la más preocupante: el posible financiamiento narcoterrorista. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue categórico: "Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal." El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, amplió el diagnóstico al advertir que Bolivia enfrenta una amenaza con componentes transnacionales y financiamiento ilegal de estructuras criminales. Estas afirmaciones exigen evidencia sólida e investigación judicial rigurosa. Pero la superposición geográfica entre las zonas de mayor producción excedentaria de coca y los epicentros de los bloqueos es un dato objetivo, no una especulación.

¿Cuán válidas son las amenazas de Morales? La respuesta exige distinguir dos planos. En el político-institucional, tienen peso real: Morales conserva una base social movilizable y capacidad de articular resistencia en regiones donde el Estado llega con dificultad. Su discurso tiene tracción porque hay una población que lo escucha y responde a sus convocatorias. Minimizar esa capacidad sería un error. En el plano militar y jurídico, la ecuación es radicalmente distinta: las Fuerzas Armadas y la Policía reúnen entre 70.000 y 77.000 efectivos, con armamento, logística y respaldo constitucional. Los grupos del Chapare no constituyen una fuerza capaz de derrotar militarmente al Estado si este actúa de forma coordinada y con voluntad firme.

El verdadero talón de Aquiles no es la fortaleza de los bloqueadores, sino la debilidad institucional del Estado. De aproximadamente 35 helicópteros militares, apenas dos estarían operativos; más del noventa por ciento de la flota está inmovilizada por falta de mantenimiento, limitando la vigilancia en el Chapare, la Amazonía y las fronteras. La coordinación entre la Policía, la FELCN, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y los organismos de inteligencia es insuficiente. Recuperar capacidades —helicópteros, drones, radares, inteligencia electrónica— podría requerir entre 500 y 1.000 millones de dólares en cinco años, parcialmente financiables mediante el programa estadounidense de Foreign Military Financing (FMF). Es esa fragilidad —no la retórica de Morales— lo que da algún asidero real a las amenazas.

Escapar de este ciclo de bloqueos, amenazas y cesiones parciales exige una estrategia en tres niveles. Jurídico-constitucional: aplicar con rigor los mecanismos que la Constitución prevé para situaciones de grave alteración del orden público, con supervisión judicial, y procesar a los responsables políticos, operativos y financieros de la paralización. Institucional: reorganizar y dotar de recursos al aparato de seguridad del Estado con apoyo del FMF y la cooperación de Brasil y Colombia, que acumula décadas de experiencia contra el narcotráfico. Político: separar con nitidez a los ciudadanos con demandas legítimas —que merecen diálogo— de quienes instrumentalizan el conflicto para objetivos que trascienden lo social y lo sindical.

Las amenazas de Evo Morales son, en parte, teatro político calibrado para presionar al Gobierno sin asumir los costos de una confrontación directa. Son también, en parte, expresión de una capacidad organizativa real que no puede ignorarse. Pero la respuesta adecuada no es el miedo ni la desmesura: es la firmeza institucional. Rodrigo Paz enfrenta la tarea más difícil del liderazgo democrático: demostrar que el Estado tiene la voluntad de hacer respetar la Constitución, sin caer en la violencia que los sectores más radicales esperan como detonante para ampliar el conflicto. Bolivia tiene derecho a un Estado que funcione. Y ese Estado tiene la obligación de responder —con inteligencia, con legalidad y con determinación— a quienes pretenden sustituir las instituciones por el control de los caminos.