La imperiosa necesidad de las reformas

Frente a la magnitud de la crisis que vive Bolivia, los tiempos van lentos. El país necesita avanzar con las reformas estructurales que procuren superar las causas de la crisis, como el déficit fiscal, la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y el derroche populista del gasto público, así como aquellas que sostengan los fundamentos de un país con Estado de derecho, reglas claras y libertad de inversión y emprendimiento para generar empleos, producción y exportación.

Nadie desconoce la pesada carga que significan los últimos 20 años de autoritarismo, estatismo y populismo que practicaron los gobiernos del Movimiento al Socialismo.

Es necesario afrontar la denuncia a fondo del quebranto del Estado y de la economía nacional, realizar las auditorías y los procesos correspondientes para individualizar responsabilidades de acuerdo con la ley, con sanciones que constituyan precedentes a fin de que la arbitrariedad en la gestión pública no constituya la normalidad en la conducta de quienes llegan al poder.

Sin embargo, solo denunciar y culpar el pasado no es suficiente. Bolivia, su Gobierno y la sociedad en su conjunto no superaremos la crisis si no se cambia el modelo de Estado, centralista y estatista, que ha fracasado una vez más en la historia nacional.

Ya pasaron ocho meses de la actual gestión gubernamental y en la semana que termina los parlamentarios retornaron a sus funciones después del receso legislativo de medio año.

El Gobierno necesita retomar la iniciativa con propuestas claras de las reformas que propondrá para conseguir el apoyo legislativo que garantice su aprobación y el respaldo de la mayoría ciudadana que apostó por el cambio y que se va desilusionando porque aún no lo encuentra.

Por alguna razón que cuesta entender, la actual administración no tiene entre sus prioridades la conformación de una coalición que sustente la gobernabilidad en el Parlamento, a pesar de los graves tropiezos que han significado los conflictos por los bloqueos de fines de diciembre y principios de enero, así como los 53 días entre mayo y junio.

Esto no genera confianza interna ni externa y los resultados se verán en la postergación de las inversiones y la prolongación de la crisis.

¿Cuáles son aquellas reformas que Bolivia debe encarar entre lo urgente y lo importante? En el campo económico, con suma prioridad, todo aquello que constituya causa del déficit fiscal, muy especialmente el gasto y las perdidas provocadas por las empresas públicas y las subvenciones a los hidrocarburos.

Igualmente, necesario será también reformar el marco jurídico que inviabiliza las inversiones y limita la participación del sector privado en la economía. Leyes que garanticen la libertad económica y los derechos de propiedad, tales como la ley de inversiones, la ley de exportaciones y la ley de arbitraje.

Las normas sectoriales que hoy obstaculizan el desarrollo económico en sectores como la agropecuaria, los hidrocarburos, la industria forestal y la minería, el transporte, la energía y las telecomunicaciones, también deben ser reformadas si se busca que Bolivia llegue a ser autosostenible, diversifique las fuentes de sus ingresos y enfrente competitivamente los desafíos y permanentes cambios de la economía internacional.

Sin embargo, aprobar las leyes, o incluso realizar cambios a la Constitución, aunque imprescindible, no garantiza por sí mismo ni la transformación ni el desarrollo de Bolivia.

Si no se construye una institucionalidad estatal y democrática que sustente el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, establezca sanciones efectivas a quienes incurran en hechos de corrupción y establezca límites claros al poder de quienes ejerzan el gobierno, seguiremos atrapados por la corrupción burocrática.

Es también necesaria la reforma del sistema judicial para garantizar su independencia y profesionalismo, la reconstrucción del sistema de regulación sectorial, la institucionalización de entidades como la Aduana, el Banco Central de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, la ABC, entre tantas otras entidades públicas convertidas en fuentes de clientelismo político.

Sin institucionalidad, Bolivia seguirá rezagada y subdesarrollada frente a tantas otras naciones, incluso vecinas, que ya recorrieron este camino.

El tiempo pasa y el capital político se diluye rápidamente. El Gobierno actual necesita encarar estas reformas con sentido de urgencia, pues la economía no perdona y el mundo sigue avanzando en el marco de una competencia cada vez más intensa entre las naciones.

El autor ha sido senador y ministro de Estado