Ley de Inversiones busca atraer capital extranjero y crea nuevos incentivos
El Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Inversiones de 103 artículos, que busca atraer capital nacional y extranjero, establecer nuevas reglas para la actividad inversora y crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar la promoción y atracción de capitales.
“Esta ley, en su esencia central, tiene tres pilares fundamentales: normalizar la inversión, crear un sistema de incentivos y regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza, y ordenar una gran cantidad de incentivos y normativa legal”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, según reporte de Erbol.
El primer eje busca “normalizar” la inversión en Bolivia, al considerar que actualmente esta actividad es excepcional frente a otros países de la región. El segundo plantea generar incentivos y reglas claras que otorguen seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
El tercer pilar apunta a ordenar los incentivos y la normativa que actualmente están dispersos en el ordenamiento jurídico, mediante un Sistema Nacional de Inversiones. En ese marco, se plantea crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar a las instituciones públicas en la regulación, promoción y atracción de capitales.
La propuesta prioriza sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas como el hidrógeno y la energía solar, además de áreas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades productivas. La agencia también tendrá un Plan Nacional de Inversiones y estrategias de priorización y promoción en el exterior.
El proyecto busca además limitar la discrecionalidad política en procesos de nacionalización y expropiación. Espinoza señaló que estas decisiones ya no podrán ser unilaterales del Ejecutivo y deberán pasar por el Congreso, además de reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.
Sobre los arbitrajes internacionales, el ministro aclaró que el proyecto no plantea modificar la Constitución y sostuvo que Bolivia puede recurrir a estos mecanismos en los ámbitos permitidos por la normativa y los tratados internacionales.
Según Espinoza, la norma fue socializada con sectores empresariales, extractivos, industriales, productivos, gremiales y otros sectores de la economía.
