Regularización migratoria: entre políticas fallidas y pandemia
¿Cruzar la línea o quedarse?, se pregunta uno antes de salir de su país. ¿Qué ganaré?, ¿qué perderé? Y quizás, más motivado por la primera curiosidad, decide tomar las maletas. Migrar no es un delito y, por tanto, decir “ilegal” a quien dejó su tierra natal no es justo ni correcto. Pero la persona debe seguir una serie de acciones para que su estadía en otro país tenga la figura “regular”. Más ahora que la pandemia de coronavirus ha generado una serie de políticas en los diferentes países. Los venezolanos están hoy en el ojo de esta tormenta migratoria en América del Sur.
¿Pero cómo regular la migración? Ésta es una cuestión que ha ocupado el pensamiento de más de una autoridad, pues las medidas y políticas asumidas parecen no ser suficientes, además gustan a algunos y disgustan a otros.
El pasado 26 de septiembre, se vivió un hecho que llamó la atención en el país vecino de Chile. Al menos 5 mil personas marcharon en rechazo a la presencia de venezolanos, en la ciudad de Iquique. La movilización terminó con la quema de las pertenencias de un grupo de migrantes irregulares que se encontraba viviendo en la plaza Brasil. La escena de los restos que dejó el fuego dejó muchas preguntas sin respuesta.
Migrar o no migrar
Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, los Gobiernos nacionales tomaron decisiones difíciles para controlar el ingreso de extranjeros. Por tanto, hoy es más complicado migrar que antes. Sin embargo, las políticas migratorias no son suficientes ni eficientes.
De acuerdo con datos oficiales del Gobierno chileno, en junio de este año, 310 personas pasaron de forma irregular por el paso de Colchane, la frontera con Bolivia. Mientras que la cifra subió a 1.826 en septiembre. Ante esto, el delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, acusó a Bolivia de “no hacer ningún esfuerzo” para controlar el flujo migratorio entre ambos países.
Sin embargo, el problema no sólo pasa por los controles migratorios regulares, sino que mucha gente opta por cruzar la frontera por zonas no autorizadas. El problema en estos sectores es que el clima es adverso, es necesario caminar en temperaturas inferiores a los 0 grados y muchos se arriesgan a perder la vida en un intento desesperado de buscar una vida diferente a la que tenían en su país.
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Sobre el tema, el coordinador de la organización venezolana Ayuda Solidaria, Hans Gutiérrez, manifestó que, debido al cierre de fronteras en Chile, muchos deciden ingresar de manera ilegal y, ante la dificultad de encontrar trabajo de manera inmediata, se les dificulta el visado de una residencia temporal en el país. “El problema es que no se trabaja en las políticas migratorias- Quizás se debería hacer como hizo Colombia, que hizo una normativa dando dos años a los venezolanos para que pudieran trabajar e ir haciendo sus documentos para regularizar la situación. No se toma en cuenta que si para nosotros como venezolanos es difícil conseguir cierto documento en nuestro país, peor aún es estando fuera”, explicó.
Chile mantuvo una ley de migración hasta abril del año pasado que databa desde 1975. Recientemente, en abril, su Gobierno aprobó una nueva normativa sobre los flujos migratorios (Ley 2154/2021). La misma tiene por objeto regular los permisos de residencia y permanencia el país. En cuanto a los requisitos, la normativa (art. 47) señala que, para que la permanencia transitoria les sea dada, “deberá acreditar los medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el servicio mediante resolución”. Por otra parte, la residencia temporal sólo será acreditada a quienes tengan vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.
Los requisitos mencionados generan dificultades para que los migrantes se establezcan legalmente, aunque se espera que la normativa pueda viabilizar mejor la regularización. Chile registró altas cifras de ingresos. Según datos oficiales de su Gobierno, entre enero de 2018 y enero de 2021, ingresaron 35.400 personas por paso no habilitado. Esta cifra representa el 79 por ciento de los registros desde 2010.
El punto de pase
La desesperación por encontrar una fuente laboral generó que muchos migrantes opten por cruzar a Chile a través de Bolivia, por el paso de Colchane. Gutierrez manifestó que los controles no son perfectos y hay fallas en ambos países. Asimismo, dijo que el trato que se da a los migrantes es cuestionable.
En el caso de la migración venezolana en Bolivia, existen condiciones más favorables. El jefe de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del pueblo de Bolivia, Aldo Cortez, informó que, este año, desde esta instancia se ha atendido a 165 ciudadanos venezolanos, mientras que, en la Coordinación Regional de otro punto de ingreso, Desaguaderos, los casos superan a los 500.
Sobre esto, explicó que ante las situaciones de extrema vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de velar por los derechos humanos de dicha población, por lo que participó y promovió de diversas normativas que han posibilitado un tránsito digno de las familias venezolanas. Una de estas es la Resolución de la Dirección General de Migración 148/2020, que permite el ingreso y regularización migratoria por dos meses de familias venezolanas con documentación simplificada. Otra normativa y la más reciente es el Decreto Supremo N° 4576, del 25 de agosto del presente año, que posibilita la regularización migratoria de toda persona que se encuentra en situación irregular en Bolivia y que tiene deseo de permanecer en el país.
Dicho decreto establece que “las personas extranjeras en situación irregular podrán acogerse a la Permanencia Temporal de dos (2) años por regularización migratoria, para lo cual deberán presentar su solicitud dentro de los doce (12) meses computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo” (art. 4). Entre los requisitos para residir se solicitan únicamente documentos personales y antecedentes penales.
La delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, dijo que el tema de migración es complejo y que no se puede generalizar. “Se ven los casos y ya se analiza cada uno para ver el tratamiento que amerita. Siempre se ha consultado el estado migratorio en calidad de que ha ingresa la persona migrante y si ha solicitado algún tipo de visa; si tiene familia, si hay niños, si está regularizando”, apuntó la autoridad. Señaló que el flujo migratorio fue variando este y el pasado año y que se supo de varios casos de mujeres venezolanas que habían perdido su fuente laboral y que planeaban salir del país.
Migrar en tiempos de pandemia
El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes), Rubén Castillo, detalló que en el país continua vigente el Decreto Supremo 1151/2020, que regula el ingreso de migrantes al país con el fin de precautelar la salud de la población y prevenir casos de coronavirus. Entre los requisitos que se solicitan para el ingreso al país están: el resultado negativo de una prueba PCR con 72 horas máximas de antelación, declaración jurada del lugar donde se quedará el pasajero y al menos 10 días de aislamiento.
Castillo explicó que se tienen puntos permanentes de control en los ingresos regulares como son la terminal de buses y el aeropuerto, pero que es difícil realizar la vigilancia en entradas no formales. “En lugares de ingreso no habituales o clandestinos, no tenemos esa coordinación con Migración, porque nosotros estamos sujetos al reporte y notificación de esos eventos; ya si nos alertan, acudimos para hacer la contención necesaria y aplicar las medidas epidemiológicas necesarias”, comentó.
Por su parte, el Ministerio de Salud realiza diversas gestiones con la Organización Internacional de Migración para garantizar mejores condiciones de salud. Bajo estas gestiones, Cortez confirmó que se ha determinado la posibilidad de la inscripción al SUS a población extranjera independientemente de su condición migratoria en situación vulnerables a hombres y mujeres mayores de 60 años, niñas y niños menores de 5 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y hasta 6 meses posteriores al parto y mujeres que requieren atención sexual y reproductiva.
Por otra parte, Castillo añadió que también se realiza la vacunación gratuita de extranjeros actualmente en la capilla que se ubica al lado de las oficinas de Sedes Cochabamba en la avenida Aniceto Arce.
¿Por dónde pasa la solución?
Ante la compleja coyuntura que se vive, los especialistas consultados coinciden en la necesidad de generar políticas migratorias más adecuadas y que, además, se garanticen los derechos de las personas en todo momento. “Consideramos que las políticas sobre regularización migratoria para personas extranjeras son la vía más adecuada de garantizar los derechos de los migrantes y sus familias”, aseguró Cortez.
También recalcó la importancia de la participación en espacios bilaterales o regionales con propuestas humanas para generar respuestas unificadas de los Estados y visibilizar el tema migratorio.
Maduro anuncia plan “Vuelta a la Patria”
El pasado 26 de septiembre, durante un encuentro con el presidente de Perú, Pedro Castillo, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación del plan “Vuelta a la Patria”. Según la página oficial del Gobierno venezolano, el mismo tiene como objetivo “ofrecer apoyo y estímulo a migrantes que expresen voluntariamente su deseo de retornar a Venezuela”.
El Gobierno venezolano, según el comunicado oficial, en atención a la situación de vulnerabilidad o dificultad económica que padecen ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero, “realiza un esfuerzo logístico, social, diplomático y económico para ofrecerle una mano solidaria y un instrumento de apoyo a todos y todas para su regreso y reinserción en nuestra sociedad”.
El plan se compone de tres fases: registro, traslado a Venezuela y, por último, inserción en el sistema de protección social de la República Bolivariana de Venezuela. Según la Organización de Naciones Unidas, al menos 5,6 millones de venezolanos dejaron su país por la crisis política y económica que atraviesan. La gran mayoría se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, entre otros. El dilema migratorio aún está lejos de terminar y los países no hallan una solución.
