Convenios impiden endurecer penas

En Bolivia el número de feminicidios, infanticidios y delitos de abuso ha aumentado, además, la crueldad con la que se comete este tipo de delitos se ha agravado. A raíz de estas situaciones que sorprenden a la población, más de una persona señala que se deben buscar otro tipo de sanciones para evitar más delitos. Se habla en muchas ocasiones de la pena de muerte, la cadena perpetua, la acumulación de penas y la castración química.

Sin embargo, se deja de lado los convenios y tratados internacionales a los que Bolivia está suscrita, los mismos no contemplan este tipo de sanciones, por lo que sería muy difícil incluirlas en la legislación nacional.

Al respecto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera se refiere a los detalles de esta situación y asegura que el Gobierno está obligado a enmarcarse en esos reglamentos.

“Cuando un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional sobre derechos humanos, el principio de lo que pactaste de buena fe se tiene que cumplir de buena fe. Un Estado que ha suscrito y ratificado un tratado no puede dejar de cumplir, está obligado y no puede invocar razones de contradicción con su legislación”, afirma.

Rivera explica que se trata de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que está vigente desde 1969 y que Bolivia la aprobó y ratificó mediante Ley 1430, de 11 de febrero de 1993.

“Se establece como obligaciones para el Estado boliviano, en primer lugar, el de respetar, resguardar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en esa convención, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad u otra, es decir, sin discriminación alguna. El segundo compromiso, artículo 2, es que el Estado asume la obligación de adecuar su normativa interna, su derecho interno, es decir, la Constitución, las leyes y los reglamentos a las normas del tratado. Asume adoptar medidas de orden legislativo, de orden administrativo, presupuestal y en su caso jurisdiccional, para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos humanos”, completa.

Pero también se considera el derecho a la vida desde la concepción y, de la misma manera, existe un “protocolo facultativo adicional referido a la protección de la vida, sobre la eliminación de la pena de muerte”.

De acuerdo a la explicación del constitucionalista, los Estados que hayan eliminado la pena de muerte en su normativa interna no pueden restablecerla y los que no lo hicieron deben eliminarla en un corto plazo.

“Los Estados que han suscrito la Convención Americana, a esta altura ninguno mantiene pena de muerte. En el caso de Estados Unidos, algunos estados, como Texas, mantienen la pena de muerte, pero es porque no ha suscrito ni ha ratificado la Convención Americana”, detalla. También señala que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la vida y no se establece la pena de muerte. 

¿Eliminaría la criminalidad?

A criterio del jurista, agravar las penas no eliminará la criminalidad, debido a que esta tiene causas, factores y condiciones que cada estado debe contemplar para reducir los índices.

“El Estado tiene que empezar a formular políticas contra los criminales, para enfrentar desde la prevención, la persecución y sanción penal, la rehabilitación y reinserción social. Actualmente, el Estado solo tiene la persecución y sanción, entonces, creo que estos temas son importantes y fundamentales de analizar y considerar, para no dar curso a estos planteamientos, obviamente comprensibles ante el incremento de la criminalidad, pero que no son viables”, manifiesta.

Sobre la acumulación de penas, que hace referencia a juzgar varias veces por un mismo delito y sentenciar con diferentes sanciones al infractor, Rivera afirma que Bolivia está suscrita a la Convención Internacional para la Eliminación de la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Degradantes o Inhumanos. En este sentido, dice que las “penas crueles, degradantes o inhumanas, como la cadena perpetua, los trabajos forzados o la acumulación de penas” no están permitidas.

A igual que con la Convención Americana de Derechos Humanos, si la pena fue eliminada del reglamento interno del Estado, tampoco puede ser repuesta.

“La máxima pena aplicable en Bolivia son 30 años de cárcel”, señala y explica que, si una persona es juzgada por la comisión de varios delitos, cumpliría la pena máxima que se le impondría.

Rivera reflexiona sobre la acumulación de penas e insiste en que ni aún con un endurecimiento de las sentencias se podrá eliminar la criminalidad de un día para otro.

¿Se pueden restituir estas medidas?

Si bien en este momento la sanción máxima es 30 años, Bolivia podría optar por abandonar los tratados, a través de un trámite y modificar la Constitución Política del Estado. Sin embargo, en caso de hacerlo podría ser el aval para cometer otro tipo de infracciones en el ejercicio de los derechos humanos.

“Si quiere Bolivia puede adoptar, lo que tendría que hacer es retirarse de ese tratado y eso se llama un procedimiento de denuncia del tratado ante la Secretaría General de Naciones Unidas. Hay todo un procedimiento regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho Internacional de Tratados. El organismo va a examinar si se cumplen los requisitos, las condiciones, los pasos correspondientes y al final del trámite puede aceptar la denuncia del Estado boliviano”, explica el constitucionalista.

En este sentido, cuestiona esta posibilidad, ya que la reducción de hechos criminales pasa por otros criterios. También hace referencia a la propuesta de castración química a personas acusadas de abusos sexuales contra niños y señala que también es considerada tortura.

“En el caso de las violaciones, las agresiones sexuales, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando?, ¿qué es lo que está generando? Y vamos a encontrar una lista interminable de causas, de factores y condiciones que están generando. Desde lo más básico, de que no hay educación sexual debidamente implementada, desde la escuela, el colegio y los otros ámbitos. Desde el mismo hecho de que no hay un control estatal sobre las redes sociales donde circula pornografía. Desde el tema de los hacinamientos, que hay miles de familias que tienen una habitación para toda la familia. Desde el tema del abandono de los menores por parte de los padres que tienen que salir a buscar fuentes de trabajo al exterior. Vamos a encontrar una lista larguísima de causas que el Estado no quiere enfrentar.

Modificar la CPE

Si Bolivia decidiera, por algún motivo, abandonar los tratados internacionales que dejan de lado las sanciones más duras, se debería convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna.

“Se tiene que modificar la Constitución y sería una reforma total porque concierne a los derechos fundamentales. Y el artículo 411 dice que se llama reforma total cuando las modificaciones afectan al núcleo esencial del sistema constitucional, es decir, cuando se pretenda cambiar el tipo de Estado, el sistema de gobierno, el régimen político de gobierno,

Además, porque la Constitución tiene una definición de la pena máxima para los delitos más graves que es de 30 años. Entonces, hay que modificar esa pena máxima haciendo una reforma de la Constitución. Creo que se piden sanciones más duras porque es un sentimiento casi de frustración de la ciudadanía frente a la inoperancia del sistema penal, que lamentablemente tiene graves deficiencias. Por eso, la población pide la detención preventiva a su legislación. Y claro, los jueces dan curso y el sistema interamericano nos ha llamado la atención por cuarta, quinta vez, de que estamos haciendo un abuso de la prisión preventiva. Pero tiene que haber una explicación, esa prisión preventiva es pedida por la gente porque hay la sensación de impunidad”, explica Rivera.

El abogado señala también que el sistema penal se enmarca como retributivo, más que como restaurativo. Afirma que para ahondar en un sistema restaurativo no se puede dejar a una víctima de un hecho delictivo sin la atención médica y psicológica que requiera.

En lo que va del año, decenas de familias perdieron a sus seres queridos por feminicidios e infanticidios, y hay otra cantidad de víctimas de abusos sexuales, sin embargo, no pasa únicamente por endurecer las penas y sanciones en contra de quienes cometen los delitos, sino más bien educar y trabajar en una sociedad que pueda evitar estos hechos.