Durante las últimas semanas, el Gobierno mantuvo en agenda el tema del presunto “golpe de Estado” a través de sus portavoces, entre ellos el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Según el Ministro de Justicia, no hay prueba jurídica de que hubo sucesión constitucional en noviembre de 2019 y busca desconocer a Áñez como expresidenta.
Asambleístas de oposición calificaron la intervención del titular de Justicia como “propaganda barata” y “una mentira barata” tras la interpelación que se desarrolló en medio de gritos.
El Ministro de Justicia develó que se optó por un proceso penal ordinario contra la expresidenta porque el oficialismo no tiene 2/3 en el Legislativo para aprobar un juicio de responsabilidades.