Exsecretario liga a dos funcionarios cercanos de Leyes con contratos
El exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel P., identificó al secretario de Finanzas, Diego M., y a la jefa de Licitaciones, Carolina A., como personal de confianza del alcalde José María Leyes en las contrataciones, según declaraciones que se filtraron sobre el caso Mochilas I.
Dijo: “Conocí a varios funcionarios que conformaban el círculo de confianza del Alcalde, en distintas ramas y por distintos motivos, entre ellos se encontraba Diego M. y Carolina A.”, que tenían coordinación directa con el Alcalde”.
Según Padilla, Diego M. no sólo se encontraba a cargo de las finanzas del municipio, sino también de varios procesos de contrataciones diferentes a los de las mochilas. “Era quien se encontraba a cargo de las finanzas del municipio y de muchos procesos de contratación considerados importantes para la gestión, el Alcalde le dio la facultad de llevar adelante los procesos de contratación lo que implica un alto nivel de confianza”.
A la fecha Diego M., se halla prófugo. Se conoce que salió hacia el Perú el 24 de abril y que fue enviado de La Paz para desempeñar cargos en el municipio de Cochabamba. En tanto, Carolina A., es procesada por Mochilas I.
El representante del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ever Veizaga, dijo que las declaraciones de José Miguel P. son una prueba irrefutable de que el proceso de contratación fue direccionado y el alcalde José María Leyes tenía pleno conocimiento del hecho.
“El tema del logo se ha pretendido deslindar responsabilidad en el empresariado, sin embargo, se establece de forma clara que quien filtró los logos era el Alcalde”, dijo.
Veizaga explicó que existen al menos ocho declaraciones en las que se establece de manera fehaciente que el proceso fue direccionado.
En su declaración, José Miguel P. refiere que el Alcalde fue quien decidió qué logos se usarían. “Él me pasa esa información y existiendo ya la instrucción de coordinar con la asociación, yo le hago llegar esa información. Yo no tenía ningún poder de decisión, cualquier decisión la consultaba con el Alcalde”.
Los Tiempos trató de comunicarse con Juan D. M, empresario involucrado en Mochilas I y II, quien se limitó a señalar que “no puede referirse a este tema”.
El empresario declaró el 8 de junio ante los fiscales que conocía a José Miguel P. desde que ambos trabajaban en la Aduana Nacional y durante el proceso de contratación de las mochilas “tenía contacto sólo para decirme que presente en el plazo y buenos productos”.
Reserva y apelación
El fiscal departamental, Óscar Vera, informó que la reserva del caso está vigente por 10 días. “Por estar el caso declarado en reserva, no me permito dar detalles de la investigación”, dijo.
El Código de Procedimiento Penal (CPP), en el artículo 281, refiere que la reserva de un caso se la da una sola vez y sólo al tratarse de una organización criminal, pero el plazo puede ampliarse.
CASO MOCHILAS SÓLO TIENE UN DETENIDO
El abogado del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor García Mayhua, Fernando Santiváñez, expresó que esta semana pedirán la libertad de su defendido, recluido en San Sebastián desde el 5 de mayo.
“Él tiene necesidad de trabajar, necesita dinero”, dijo. Santiváñez lamentó que su defendido esté recluido, pese a que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público para aportar en la investigación, tal como lo hizo José Miguel P.
“Me causa mucha extrañeza que el único detenido sea mi cliente, pero personas tan involucradas estén con detención domiciliaria”, dijo.
