Médicos residentes exigen seguro de salud por exposición a Covid-19
Más de 300 médicos residentes de los hospitales públicos y privados de Cochabamba que en esta pandemia se han visto obligados a trabajar en primera línea atendiendo pacientes con Covid-19, debido al repliegue de los internos y hasta de los especialistas, protestaron ayer en el Viedma y se declararon en emergencia.
Los residentes que trabajan en los hospitales para lograr su especialidad explicaron que por la pandemia están en primera línea atendiendo a pacientes con Covid-19 y que en este tiempo más de 15 de ellos se han enfermado.
Además, han llevado el virus a sus familias sin que nadie se haya hecho cargo de los gastos médicos. Uno pagó 10 mil bolivianos cada día durante dos semanas para que su madre esté en terapia intensiva.
Pero lo que desbordó la protesta fue la muerte del médico traumatólogo del hospital Viedma, Javier Segales.
Pese a haberse contagiado en el cumplimiento de sus funciones, no contó con atención médica y tuvo que recurrir a una clínica privada. El galeno falleció y ahora es su familia la que peregrina para cubrir la deuda por la atención en terapia intensiva de unos 60 mil boliviano, dijeron.
Ante la falta de protección y el riesgo que corren a diario, los residentes enviaron pronunciamientos al Servicio Departamental de Salud (Sedes), al Ministerio de Salud y a la dirección de sus hospitales. Sin embargo, a pesar de su protesta, no recibieron ninguna respuesta.
El sector de los residentes médicos pide la dotación de un seguro de salud, un bono de riesgo, equipos de protección personal y un salario de acuerdo a lo establecido por el Colegio Médico, porque actualmente hay médicos generales que cobran 1.900 bolivianos, menos del salario mínimo nacional.
También piden el cumplimiento del Decreto Supremo 4217, que estable la contratación de un seguro para el personal de salud y un seguro para el profesional y sus beneficiarios.
La disposición autoriza la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con la Covid-19. Delega esta tarea al Ministerio de Salud para que, a través de las entidades de la seguridad social, proceda a la contratación directa de un seguro anual colectivo de invalidez total y permanente o muerte por el lapso de un año.
El beneficio es para “los profesionales y trabajadores en salud contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el coronavirus, que trabajan en establecimientos de salud públicos o privados”, según el artículo 2 del decreto.
Sobre el valor asegurado establece que se pagará 100 mil bolivianos en caso de siniestro por invalidez total o permanente a favor del trabajador. También prevé 100 mil bolivianos en caso de fallecimiento a favor de los herederos legales.
Hasta la fecha ,los residentes sólo tienen la cobertura del Seguro Universal de Salud (SUS), pero esperan que se cumpla el decreto para contar con una atención adecuada en caso de contagiarse por el trabajo que realizan en los hospitales de todo el sistema de salud.
Equipos de protección
Los residentes piden definir cuáles son sus funciones en la atención de pacientes con Covid-19 ante el repliegue de los internos y de especialistas, que se limitan a asesorarlos por teléfono.
Piden la dotación regular de equipos de protección personal. Actualmente les otorgan sólo un barbijo N-95 al mes y uno quirúrgico cada día que no les ofrecen una protección óptima de manera diaria. “Eso es como estar desnudos frente al virus”, dijo uno de los manifestantes.
Desde el inicio de la pandemia, más de 15 residentes se han contagiado con coronavirus tanto en hospitales públicos como en clínicas particulares.
