Cooperativistas abren vías y allanan diálogo

LOS TIEMPOS  y AGENCIAS

Cooperativistas mineros y Gobierno instalaron anoche el diálogo en la Vicepresidencia, después de que la Federación de Cooperativistas Mineras (Fencomin) declaró cuarto intermedio al bloqueo de caminos a cambio de que el presidente Evo Morales defina fecha para tratar sus demandas, que incluyen modificaciones a la Ley Minera en busca de más prerrogativas para el sector. Al cierre de esta edición la reunión continuaba.

El Gobierno puso como condición que verificaría que todas las carreteras estuvieran despejadas antes de iniciar el diálogo. A pesar de la instructiva de Fencomin, los mineros que bloqueaban en Sayari, en la vía a Oruro, se resistieron a dejar el lugar y la Policía tuvo problemas para persuadirlos, aunque no hubo enfrentamientos.

La invitación al diálogo fue firmada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien dejó establecido que se recibirá a un número no mayor a 10 personas en representación de los cooperativistas.

Anoche, el Comando General de la Policía emitió un comunicado para informar que despejó las carreteras La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba y Cochabamba-Santa Cruz y añadió que estaba autorizada la venta de pasajes en las terminales de esos cuatro departamentos.

Los cooperativistas mineros, aliados del Gobierno, iniciaron el miércoles el bloqueo de vías en demanda de atención a un pliego de 10 puntos que incluye modificaciones a la Ley Minera para  asociarse con empresas privadas, obtener más áreas de explotación y que se prohíba la formación de sindicatos entre los obreros a destajo que contratan, entre otros temas.

En una carta enviada al presidente Morales, Fencomin indicó que se decidió declarar cuarto intermedio para abrir “un proceso de diálogo y al mismo tiempo posibilitar la paulatina normalización de actividades en el transporte nacional”.

“La Fencomin apelando a su amplio conocimiento de la conducta de los trabajadores en situaciones críticas como las que atravesamos en la actualidad y atendiendo al clamor popular, declara su predisposición de decretar un cuarto intermedio en nuestras medidas de protesta a cambio de que su autoridad disponga en el tiempo más breve posible la apertura del diálogo fijando lugar, fecha y hora”, dice la carta difundida ayer después de una reunión de representantes departamentales de los cooperativistas, Oruro.

El cuarto intermedio llegó después de dos días de violentas protestas con policías tomados como  rehenes, mineros detenidos y heridos de ambas partes, algunos de gravedad.

El pliego de demandas de Fencomin incluye 10 puntos, entre ellos, el respeto a la Ley General de Cooperativas Mineras, la modificación a la Ley Minera, un fideicomiso a favor de la Empresa Metalúrgica de Vinto, para pagar la entrega de minerales a las cooperativas, la flexibilizaciones de las regulaciones medioambientales y la inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim).

También la inclusión de un representante de los cooperativistas en el Directorio de la Caja Nacional de Salud y una solución práctica que consolide las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en el yacimiento de Colquiri, además de la reposición del Viceministerio de Cooperativas o la creación de un Ministerio para el sector; el tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas y la reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector.

Cuestionan demandas

El director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, señaló a ANF que los cooperativistas mineros pretenden “tomar por asalto” al Estado para apropiarse de sus recursos estratégicos y beneficiarse de una situación de excepción laboral, social, tributaria y empresarial.  

El investigador advirtió que las demandas del sector minero atentan contra la soberanía del país al pretender apropiarse de territorios y áreas con reservas de propiedad del Estado.   “Aquí estamos hablando de la soberanía del país que va más allá de lo económico; aquí estamos hablando de que el Estado le estaría atribuyendo derechos a actores privados sobre áreas de explotación (…). Por eso consideramos a este pliego como una forma de ‘tomar al Estado por asalto’ y a los bolivianos por rehenes, porque rompe todo el ordenamiento jurídico vigente”, señaló.

Precios estables

Una evaluación del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) indica que, en términos generales, hubo estabilidad en el precio de los alimentos, excepto el del pollo, maíz y papa como consecuencia de las fiestas patrias y la sequía. Sin embargo, la cordinadora del OAP, Melisa Ávalos, dijo a ANF que el bloqueo de caminos no incidió, pues no se conoce del traslado de carne en avión. Respecto al precio del pollo, dijo que el kilo está a 15 bolivianos, es decir, 4,6 por ciento más que la semana pasada.

MINISTRO ROMERO QUIERE SANCIÓN POR USO DE EXPLOSIVOS

Ferreira: “Quizá cometimos un error en ceder” sobre uso de la dinamita

La Paz | AGENCIAS

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reconoció que fue un error haber cedido a las presiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y haber derogado el decreto que prohibía el uso de dinamita en manifestaciones sociales, lo que fue interpretado por los sectores sociales como una autorización para la manipulación de explosivos.

“Fue una petición mal hecha y quizá cometimos el error de ceder a algo que no había necesidad de hacerlo porque la Ley no se puede modificar con un decreto”, admitió Ferreira, citado por ANF, en momentos en que los mineros cooperativistas protagonizaban violentas movilizaciones armados de dinamita.

Ferreira, sin embargo, considera que el tema del decreto sobre la dinamita “es un falso debate” porque la Ley de Armas prohíbe el uso de la dinamita y eso es lo que está vigente por encima de cualquier decreto.

El decreto 2754 contradice a la Ley de Armas, que establece la prohibición del porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mitines”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que el uso de dinamita en manifestaciones de protesta está prohibido y tiene una sanción de uno a cinco años de cárcel, reportó Erbol.

El ministro solicitó a la Fiscalía General del Estado la participación de una comisión de fiscales en los operativos de desbloqueo para que investigue y sancione a los cooperativistas autores del secuestro,  vejámenes a policías y el uso ilegal de explosivos.

Dijo que la respuesta de los cooperativistas a la acción policial fueron emboscadas, dinamitas, piedras, violencia y secuestros que la Fiscalía debe investigar, porque más de un centenar de policías fueron heridos y retenidos.

“Me han golpeado con piedras en la cabeza hasta romperme un casco antibalas que tiene unos dos centímetros de espesor. Entre tres me patearon el rostro (...)”, declaró el jefe de la Unidad Táctica de Operaciones, Vladimir Peredo, uno de los rehenes.