Privados y Gobierno reactivan proyecto de empresas sociales
A casi un año de haber suspendido el tratamiento del proyecto de ley de empresas sociales, que fue observado el año pasado por los empresarios privados por considerar que vulnera la propiedad privada y atenta contra la estabilidad de las empresas, la Cámara de Senadores y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) instalaron ayer una mesa de diálogo para volver a tratar el polémico proyecto.
En 2017, los empresarios rechazaron la iniciativa y señalaron que el proyecto permitiría traspasar la propiedad de las empresas ante deudas con las AFP o seguro de salud adquiridas por sus dueños.
Las negociaciones continuarán hoy con la instalación de una mesa técnica en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que los senadores expondrán los “ajustes” realizados a lo largo de 11 meses, mientras que los empresarios volverán a presentar sus observaciones.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, explicó ayer que los legisladores realizaron un estudio del proyecto y actualmente revisan la norma.
Mientras tanto el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, informó que los empresarios accedieron al nuevo proyecto de ley, y tras un análisis con el sector privado volvieron a observar la normativa y reiteró la preocupación del sector. Sin embargo, no precisó los cuestionamientos que se presentarán hoy.
“Se han hecho algunas correcciones con las sugerencias que habíamos planteado en su momento, han surgido otras y esa discusión con el presidente (del Senado) ha permitido que las identifiquemos y que convengamos que era necesario ampliarlo en discusión”, añadió.
EL PROYECTO TUVO 10 OBSERVACIONES
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hizo 10 observaciones en 2017 al proyecto de ley de creación de empresas, que preveía que los obreros puedan convertirse en propietarios de empresas quebradas o que tengan deudas.
Para la CEPB, el proyecto no consideró derechos del propio empresario propietario, ya que presupone su culpa y su responsabilidad en la quiebra. Además criticó que sólo contemplaba el traspaso de activos a favor de trabajadores.
Ante el malestar, el senado suspendió el tratamiento el 17 de mayo de 2017, por pedido del presidente Evo Morales
