Mesa critica exclusión de Menacho, Navarro y Arce del caso Quiborax
El expresidente Carlos Mesa calificó como "una aberración jurídica" la exclusión del Procurador, Pablo Menacho, y los ministros de Minería y de Justicia, Cesar Navarro y Héctor Arce, del caso Quiborax.
"En ningún momento puedes separar el caso cuando excluye a uno y llevas a un juicio de responsabilidades a otro", sostuvo Mesa, según Urgnetebo.
Las declaraciones se dan luego de que el Ministerio Público de La Paz desestimó la denuncia planteada por tres diputados opositores contra Menacho, Navarro y Arce, entre otras autoridades.
"Se desestima la denuncia interpuesta por Wilson Pedro Santamaría Choque, Rafael Arcangel Quispe Flores y Julio Grover Huanca Nina contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado", indica la parte dispositiva de la decisión de la Fiscalía.
Entretanto, el proceso iniciado contra Mesa continúa a la espera de que el Legislativo autorice un juicio de responsabilidades en su contra.
Antecedentes
La controversia con la firma surgió el 2004 debido a la "revocatoria" de las concesiones mineras que tenía en el Salar durante el gobierno de Mesa.
Dicha medida -según la Procuraduría- se llevó vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la "declaratoria de nulidad" de dichas concesiones.
Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días y no fue cumplido, reiteró en varias oportunidades Menacho y otras autoridades del Gobierno.
Quiborax se quejó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por su expulsión de Bolivia y tras varios años de proceso, ganó el juicio internacional.
Entonces, Bolivia tuvo que pagar a la firma extranjera un total de 42,6 millones de dólares y esta situación generó varias demandas dentro del Estado Plurinacional. Es así que mientras el Gobierno culpa a Mesa, opositores y el propio expresidente consideran que el Ejecutivo no hizo una debida o adecuada defensa del Estado en el juicio.
